El presidente Felipe Calderón decidió atajar por lo sano la gangrena de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, ejemplo perfecto de una de las lacras que arrastra México como herencia de 72 años de gobiernos del PRI. La empresa estatal, liquidada por decreto presidencial, era modelo de ineficacia en la gestión, sangría de las arcas públicas, pésimo servicio y elevado coste para el usuario y sumisión al sindicato de electricistas, caracterizado por sus prácticas mafiosas.

Mientras los mexicanos celebraban la clasificación de su selección de fútbol para la Copa del Mundo, un millar de policías federales ocupaban de madrugada las instalaciones de la compañía para evitar actos de sabotaje. Todos los partidos políticos -a excepción del PRD- han aplaudido la decisión de sepultar a la compañía que da servicio a más de veinte millones de usuarios del Distrito Federal y estados vecinos. La empresa será gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según el ministro de Hacienda, Agustín Carstens, unos 10.000 de los 45.000 empleados de Luz y Fuerza del Centro podrán ser recolocados; al resto se les abonará una indemnización equivalente a 33 meses de trabajo. Carstens estimó que esta liquidación generará un ahorro de 18.000 millones de pesos (algo menos de mil millones de euros) en 2010. Según Javier Lozano, ministro de Trabajo, las indemnizaciones a los trabajadores supondrán un desembolso de unos 1.000 millones de euros.

Ineficacia e insostenible

En cadena nacional de radio y televisión, Calderón explicó las razones de esta medida, que ya habían sido detalladas anteriormente en un comunicado de la Secretaría de Gobernación. «Luz y Fuerza del Centro enfrentaba una situación financiera insostenible, que requería de una transferencia cada vez mayor de recursos con cargo a todos los mexicanos». El ministro, Fernando Gómez Mont, aseguró que la compañía tenía pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía (frente al 10 por ciento que registra la Compañía Federal), mientras el número de trabajadores «crecía permanente y desproporcionadamente». Por cada trabajador de Luz y Fuerza hay 291 usuarios, mientras que un empleado federal atiende a 627 clientes.

Según el Gobierno, los gastos de la empresa casi duplicaban a sus ingresos por ventas: entre 2003 a 2008 Luz y Fuerza recaudó 235.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de euros), mientras que los costos en dicho periodo ascendieron a 433.000 millones de pesos (unos 22.000 millones de dólares).

En 2009, las subvenciones recibidas por la empresa son las mismas que el presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal plan de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de ciudadanos, y el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A ello hay que sumar las pérdidas por robo de energía por parte de millones de usuarios piratas, con frecuencia «gestionadas» y cobradas bajo cuerda por los propios empleados de la empresa: sólo en 2006, las mermas por energía no cobrada supusieron un 31 por ciento de la electricidad distribuida. Mientras, la CFE, que suministra electricidad al resto del país, tuvo ese mismo año pérdidas por conexiones ilegales del 10 por ciento de la facturación.

Además, el convenio colectivo -que permite que muchos trabajadores se retiren antes de los 50 años- establece que los jubilados reciban en promedio más del triple del salario de los trabajadores en activo, y que cada cada punto de aumento salarial repercuta en un incremento casi del doble en las pensiones. Según Carstens, «esto hacía que tuviera un pasivo laboral insostenible».

Ante este chollo, que incluye el estar exentos del pago del recibo de la luz, es práctica habitual del sindicato subastar los puestos de trabajo en la empresa. Los empleados han de entregarle después un 3 por ciento de su salario, lo que le procura unos ingresos de 32 millones de pesos (1,6 millones de euros) mensuales.

Los sindicalistas, que ya habían comenzado a movilizarse la semana pasada, han anunciado que continuarán «hasta la muerte por defender la historia», según su dirigente, Martín Esparza.