El diputado DC Ricardo Rincón señaló hoy que “la Iglesia Católica tiene toda la autoridad moral para hacer la propuesta de indulto que entregó ayer al país, ya que siempre ha estado preocupada de la defensa de los derechos humanos y de quienes más sufren, por lo que valoro el coraje que tuvo ahora y espero que el país aproveche esta propuesta para realizar un profundo debate sobre la situación que viven los presos, entre otros aspectos, por un hacinamiento que ya no para más”.

El parlamentario agregó al respecto que “aquí, independientemente de posibles indultos, el tema de fondo debiera ser una autocrítica como país frente a lo poco que hemos avanzado en materia carcelaria. Es cierto, ellos están privados de libertad porque cometieron un delito, pero sólo tienen suspendido ese derecho y no sus derechos como personas y nuestro actual sistema carcelario no garantiza plenamente el respeto a esas otras garantías”.

El diputado Rincón agregó que “somos uno de los países que tiene la tasa más alta de personas encarceladas en relación a su población total, lo que nos debe llamar la atención, tanto en nuestro sistema judicial, como en las medidas que tomamos para evitar el aumento de la delincuencia”.

Por otra parte, Rincón pidió evaluar a fondo la situación que, en materia de reclusión, están viviendo miles de menores de edad en el país. “Es realmente preocupante la situación en que están los menores y jóvenes privados  de libertad o en regímenes semicerrados o cumpliendo penas alternativas, ya que ello demuestra que en algo estamos fallando como sociedad “.

Finalmente, agregó que la propuesta de la Iglesia “perfectamente puede ser la base de una discusión mayor, donde avancemos en la vulnerabilidad que aún presentan los menores recluidos, sin atisbos de rehabilitación y, donde, además, podamos mejorar la situación carcelariaa en general”.

El Secretario General Nacional de COPEI Partido Popular, Luis Carlos Solórzano, considera que más allá de reacciones emocionales, el gobierno venezolano está obligado a permitir que sean verificadas en los sitios señalados las serias acusaciones formuladas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por Colombia sobre la supuesta presencia de campamentos guerrilleros en nuestro país.

Solórzano, quien como se recordará hizo públicas denuncias similares en junio del año pasado en rueda de prensa, y posteriormente ante la Fiscalía General de la República, señaló que vista la gravedad de la exposición de este jueves del embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, los venezolanos esperarían que se permita confirmarlas o desmentirlas en nuestro territorio. “Lo hemos dicho antes, a riesgo propio y del partido, pero lo repetimos ahora, estamos frente a un gobierno que ampara y protege a la guerrilla colombiana”, aseveró el alto dirigente copeyano.

“Tenemos información que apunta hacia la presencia en Venezuela de Thimochenco, Iván Márquez, Grannobles y alias Pablito, en campamentos construidos y ocultos en el Zulia en donde no dejan pasar a nadie. De igual manera ocurre en el Alto Apure, donde pareciera que gobiernan el ELN y las FARC”, señaló el Secretario General de la tolda verde, quien agregó que estos irregulares habrían estado también en Táchira, Barinas y Portuguesa y más recientemente en Cojedes y en Aragua, a donde aparentemente acudieron en los últimos días.

Solórzano dice que así como se solicitó al Ministerio Público que investigara las denuncias hechas en 2009, pide hoy que el gobierno brinde respuestas a los ciudadanos y permita que se constate si es cierto que en nuestro territorio se da albergue a la guerrilla del vecino país. “No tendría perdón ni de Dios, ni de ninguna nación del mundo, que esto fuera cierto, porque se trata de grupos que ocasionan enormes daños a su propio pueblo”, concluyó

Estimado Camarada:

Por intermedio de la presente, junto con saludarlo,  y en el marco de un nuevo aniversario de la fundación del Partido Democratacristiano de Chile, tenemos el agrado de invitarlos a la celebración de una Misa Solemne el día miércoles 28 de julio a las 20:00 horas en la Iglesia Catedral de Antofagasta.

En esta acción de gracias  todos juntos  recordaremos a nuestros Camaradas fallecidos  y pediremos  al Señor por el futuro de nuestro querido partido.   

Una vez terminada esta  ceremonia se realizara una pequeña convivencia fraternal , donde  esperamos contar con la presencia de nuestra única Edil  DC de la II Región Sra. Sandra Berna Alcaldesa de San Pedro de Atacama

Esperado su asistencia y apoyo a esta actividad se despiden.

Fraternalmente

Ricardo Rabanal Bustos

Presidente Comunal

Partido Demócrata Cristiano

Antofagasta

POSICION DE LA FRACCION PARLAMENTARIA PARTIDO UNIDAD SOCIALCRISTIANA

Hoy en el Plenario Legislativo el Jefe de Fracción de la Unidad Socialcristiana Walter Céspedes Salazar reiteró  que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana defenderá los recursos de la naturaleza en procura de que su aprovechamiento y utilización sea en beneficio de la mayoría de la población y no de unos pocos que tengan la capacidad de comprarla. Lo dijimos el 1º de mayo y lo reafirmamos hoy.

La posición del Movimiento Libertario no sorprende. Durante más de 4 años han estado procurando entrabar esta reforma constitucional, tal como lo indicó hace más de un mes del Dip. Luis Fishman, cuando los emplazó, como otros miembros del Parlamento, a dejar votar la reforma constitucional, puesto que ya llevan más de mil minutos de discusión de propuestas,  a veces repetidas y a veces imposibles de comprender.  

La posición del Partido Liberación Nacional si genera sorpresa, puesto que siempre se mantuvo, al menos en el discurso, a favor de la protección constitucional que este proyecto le otorga al recurso hídrico.   Doña Laura Chinchilla en su programa de Gobierno indicaba como una prioridad de su gobierno:  Asegurar el suministro de agua para el consumo humano y para el desarrollo de las actividades productivas y  Regular el suministro, tratamiento, concesión y administración del agua en el país.    Y hoy, sorprendentemente, su fracción está en contra de calificar esa protección! 

El proyecto pretende elevar a rango constitucional, la categoría de  protección que tiene el agua, como bien demanial.  Actualmente, conforme lo establece la Ley de Aguas (artículo 1 y 2), éstas están protegidas y son un bien del Estado, sin embargo la propuesta es elevar esta protección a categoría constitucional, dado que como lo indica la exposición de motivos:

“los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y se caracterizan porque ni los particulares ni las instituciones públicas pueden adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, derechos permanentes, ni titularidad alguna”

Este fue el nivel de protección de don Luis Gerardo Villanueva -Presidente de la Asamblea-, don Carlos Ricardo Benavides –Ministro de Turismo-, don Carlos Avendaño –actual diputado- y doña Laura Chinchilla Presidenta de la Repúblicas querían darle al agua hace 8 años.  Pero hoy,  pareciera que sus posiciones han variado.  Fue el nivel de protección que la exdiputada María Lourdes Ocampo, sobrina de la Dip. Ocampo Baltodano, hoy presente, quiso darle al recurso hídrico, consciente de las necesidades de su mejor y mayor aprovechamiento, en una provincia que sufre constantemente por la escasez del mineral.

Es incomprensible y llama la atención la falta de consecuencia en actitudes como la del hoy Presidente Villanueva Monge, cuando en noviembre de 2005 firmó apoyando una moción de alteración del orden del día, para que este proyecto ocupara el primer lugar en el Capítulo de Reformas Constitucionales.  Y hoy, quiere enterrarlo...!

No es cierto que de aprobarse este proyecto de reforma constitucional, la Asamblea tenga que conocer de todas las concesiones.  ¿Acaso que eso es lo que ocurre con las fuerzas hidroeléctricas?  Bien se sabe que la Asamblea, para un funcionamiento más efectivo de la protección constitucional, dicta leyes marco, que establecen las condiciones necesarias de la concesión así como su legislación particular y específica.  Actualmente la Ley de Aguas establece en sus artículos 17 a 29, los requisitos para la concesión del recurso hídrico.

Efectivamente el agua ya está protegida.  Eso es cierto.   Pero entonces, ¿por qué se niegan a darle una protección mayor? Me atrevo a pensar que Uds.  creen que es más fácil modificar la ley de aguas que la Constitución Política para los negocios que vengan con la nueva Ley General de Electricidad para favorecer a los más ricos de este país y posiblemente a los que financiaron las campañas políticas.

Elys Ojeda, Presidenta vitalicia de la Organización de Mujeres de América (MUDCA), perteneciente a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y miembro del Comité Directivo de esa organización respaldó este miércoles las afirmaciones realizadas por la presidenta titular que la organización femenina continental, Sandra Rincones, en las  cuales manifestó que la ODCA no avala nuevas autoridades de COPEI Partido Popular. 

Ojeda, quien fue designada por unanimidad de los países miembros de la ODCA Presidenta vitalicia de la organización política, afirmó que el Consejo Directivo de la ODCA "no ha ni siquiera discutido la situación que atraviesa el partido COPEI de Venezuela", por lo cual "mal podría el señor Espino venir a Venezuela a avalar supuestas nuevas directivas del Partido".

Lamentó que el Presidente saliente de la ODCA participe de actos de supuestas autoridades de COPEI que son consecuencia del fraude y del pasado 2 de mayo del 2010. 

"La ODCA es una organización que promueve la unidad y el fortalecimiento de sus partidos miembros, sin tomar partido en sus asuntos internos, por lo cual es inaceptable que se inmiscuya en temas que deben ser resueltos en cada uno de los países". 

De esta forma criticó la presencia de Manuel Espino en Venezuela, más aún "cuando él sabe perfectamente que entregará su cargo a finales de este mes una vez realizado el Congreso de la ODCA en la ciudad de El Salvador. 

Recordó que la esta es la tercera vez que esa supuesta directiva de COPEI se juramenta y aseguró que la presencia de Espino en Venezuela no legitima a esas autoridades.

Sandra Rincones, Presidenta de las Mujeres Demócrata Cristianas de América (MUDCA) y miembro del Consejo Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) afirmó este martes que no es cierto que esa organización continental conformada por los partidos de centro y demócrata cristiano de América haya avalado nuevas autoridades de COPEI en Venezuela, partido miembro de esa internacional.

Sandra Rincones explicó que la visita del señor Manuel Espino a Venezuela es de carácter personal, "ya que el Consejo Directivo no lo autorizó para representar a la organización en un supuesto acto de juramentación de autoridades de COPEI".

Lamentó que se pretenda utilizar a la ODCA para avalar un fraude electoral realizado el pasado 2 de mayo del 2010 y que el señor Espino se preste para tal actuación.

Sobre el verdadero motivo de la presencia de Espino en Venezuela afirmó que "forma parte de la campaña de Espino para tratar de lograr el voto de Venezuela para el candidato a la Presidencia de la ODCA que éste promueve, en contra del candidato de su propio partido el (PAN) de México, quién lo vetó para su reelección".

Recordó que Espino entregará la Presidencia de la ODCA a finales de este mes una vez que se elija la nueva directiva de la organización en el Salvador.

Agregó Rincones que la ODCA es una organización política internacional que promueve orientaciones políticos estratégicas para la acción internacional de los partidos políticos demócratas cristianos del continente americano fundamentados en los principios del humanismo cristiano y que entre sus objetivos está el de fortalecer y defender los valores y derechos de la persona humana y los principios de libertad, pluralismo y  democracia.

En ese sentido calificó como un intromisión injustificable la presencia de Espino en Venezuela para participar en un acto de juramentación de "unas autoridades que son producto de un fraude".

Le recordó a Espino que la ODCA debe promover y apoyar los procesos de integración  y fortalecer los partidos miembros, en vez de sembrar la división y su destrucción.

Luis Montilla, Presidente de COPEI Partido Popular MERIDA manifestó este martes que las verdaderas autoridades de esa organización política desconocen a esas supuestas nuevas autoridades electas en el proceso fraudulento del pasado 2 de mayo del 2010. 

Montilla, quien aseguró representar a más de mil dirigentes de todos los niveles de dirección del partido  aseguró que “no hay nuevas autoridades ni nacionales, ni regionales, ni municipales que vayamos a reconocer como legítimas, menos producto del fraude del 2 de mayo del 2010." 

Agregó que la Sala Electoral del TSJ, quien ha emitido varias sentencias violatorias de la Constitución y las leyes de la República no podrá jamás sustituir la voluntad del pueblo copeyano que sabe quiénes son sus verdaderos líderes. 

“Esas supuestas elecciones de COPEI que pretenden validar se hicieron en la clandestinidad porque nadie supo que se hicieron y el verdadero partido no participó." 

En el mismo sentido se pronunció el Secretario General de COPEI en Monagas, José Gregorio Marcano quien reiteró la ilegalidad del proceso con el cual pretenden asaltar al Partido, fundamentalmente para servir a sus intereses personales. 

"En los estados y municipios del país nadie reconoce a esas nuevas autoridades, no tienen la legitimidad de nuestra organización y eso nunca lo podrá imponer las instituciones secuestradas del régimen chavista". 

Por su parte, Orlando Jaimes, miembro de la Dirección Nacional de COPEI también desconoció las supuestas autoridades juramentadas en el día de hoy. 

Recordó que es la tercera vez que se juramentan esas supuestas autoridades y "ni que se juramenten mil veces podrán lograr el reconocimiento del auténtico COPEI". 

Rechazó la presencia de Manuel Espino, Presidente saliente de la ODCA en el supuesto acto de juramentación de nuevas autoridades de COPEI, de quién señaló "que su afán de protagonismo es más fuerte que sus principios y valores". 

"Es una lástima que venga a dividir y no a unir y conciliar", concluyó.

Parlamentaria reconoció el derecho de la Iglesia a “preocuparse por estos temas” y señaló que debe quitarse la facultad de indulto al Presidente de la República.

La senadora Soledad Alvear  fijo su posición respecto de la propuesta de Indulto que esta mañana la Iglesia Católica entregó al Presidente de la República Sebastián Piñera, advirtiendo que se debe distinguir entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes.

Respecto de los delitos de lesa humanidad, a juicio de Alvear “se trata de delitos cometidos con recursos del Estado, por el aparato del Estado a través de asociaciones ilícitas como lo ha dicho la Corte Suprema hace algunos días en el fallo del caso Prats, donde se cometieron las mayores aberraciones, razón por la cual me parece que las personas condenadas por dichos delitos no debieran estar contempladas en la propuesta de indulto”.

En relación con “el segundo tipo de delitos es posible pensar, atendiendo a diferentes circunstancias, la posibilidad de otorgar indulto, no me cierro a aquello, insistiendo en que los delitos de lesa humanidad deben quedar fuera. Y  aquí  en este segundo tipo de delitos no se hace la distinción entre civiles y militares. Si un militar cometió el delito o cuasi delito de homicidio por manejar en estado de ebriedad y eso lo mantiene privado de libertad y sufre una enfermedad o tiene más de 70 años de edad, así como se le va a dar a un civil que tenga el mismo delito, se le debe dar a un militar, porque se trata de un delito común, no de lesa humanidad” explicó la parlamentaria.

Asimismo, Alvear señaló que “la Iglesia  tiene el pleno derecho de preocuparse de estos temas y hacer el planteamiento  que estime pertinente. Valoro enormemente el trabajo que la Iglesia Católica realizó durante los años duros de la dictadura, que permitió que muchos chilenos y chilenas no murieran, o que con su ayuda se logró sacarlos fuera del país, o evitar que las torturas siguieran produciéndose. Me tocó trabajar con el Cardenal Raúl Silva Henríquez en esa época así es que conozco bien la labor que realizaron”.

La senadora también valoró  las propuestas de la Iglesia “en cuanto a dar condiciones para que las personas privadas de libertad puedan tener la posibilidad de reinsertarse en la sociedad y que las personas que trabajan en los recintos penitenciarios puedan vivir y trabajar en mejores condiciones. Esto es un trabajo de la sociedad en su conjunto. Y el sector privado debe estar en condiciones, una vez que egresen del sistema penitenciario, debidamente capacitados, de reincorporarlos en la vida laboral”.

Finalmente, la senadora señaló que “creo que el indulto debe existir en circunstancias excepcionales y que debe quitarse esa facultad al Presidente de la República y que deben otorgarlo los jueces de ejecución de penas que velan cuál ha sido la conducta de la persona  privada de libertad y que en definitiva puedan, atendidas las consideraciones, determinar que una persona reúne los requisitos para el indulto”.