Parlamentaria reconoció el derecho de la Iglesia a “preocuparse por estos temas” y señaló que debe quitarse la facultad de indulto al Presidente de la República.

La senadora Soledad Alvear  fijo su posición respecto de la propuesta de Indulto que esta mañana la Iglesia Católica entregó al Presidente de la República Sebastián Piñera, advirtiendo que se debe distinguir entre delitos de lesa humanidad y delitos comunes.

Respecto de los delitos de lesa humanidad, a juicio de Alvear “se trata de delitos cometidos con recursos del Estado, por el aparato del Estado a través de asociaciones ilícitas como lo ha dicho la Corte Suprema hace algunos días en el fallo del caso Prats, donde se cometieron las mayores aberraciones, razón por la cual me parece que las personas condenadas por dichos delitos no debieran estar contempladas en la propuesta de indulto”.

En relación con “el segundo tipo de delitos es posible pensar, atendiendo a diferentes circunstancias, la posibilidad de otorgar indulto, no me cierro a aquello, insistiendo en que los delitos de lesa humanidad deben quedar fuera. Y  aquí  en este segundo tipo de delitos no se hace la distinción entre civiles y militares. Si un militar cometió el delito o cuasi delito de homicidio por manejar en estado de ebriedad y eso lo mantiene privado de libertad y sufre una enfermedad o tiene más de 70 años de edad, así como se le va a dar a un civil que tenga el mismo delito, se le debe dar a un militar, porque se trata de un delito común, no de lesa humanidad” explicó la parlamentaria.

Asimismo, Alvear señaló que “la Iglesia  tiene el pleno derecho de preocuparse de estos temas y hacer el planteamiento  que estime pertinente. Valoro enormemente el trabajo que la Iglesia Católica realizó durante los años duros de la dictadura, que permitió que muchos chilenos y chilenas no murieran, o que con su ayuda se logró sacarlos fuera del país, o evitar que las torturas siguieran produciéndose. Me tocó trabajar con el Cardenal Raúl Silva Henríquez en esa época así es que conozco bien la labor que realizaron”.

La senadora también valoró  las propuestas de la Iglesia “en cuanto a dar condiciones para que las personas privadas de libertad puedan tener la posibilidad de reinsertarse en la sociedad y que las personas que trabajan en los recintos penitenciarios puedan vivir y trabajar en mejores condiciones. Esto es un trabajo de la sociedad en su conjunto. Y el sector privado debe estar en condiciones, una vez que egresen del sistema penitenciario, debidamente capacitados, de reincorporarlos en la vida laboral”.

Finalmente, la senadora señaló que “creo que el indulto debe existir en circunstancias excepcionales y que debe quitarse esa facultad al Presidente de la República y que deben otorgarlo los jueces de ejecución de penas que velan cuál ha sido la conducta de la persona  privada de libertad y que en definitiva puedan, atendidas las consideraciones, determinar que una persona reúne los requisitos para el indulto”.