Los cálculos del PP, extraídos de los datos que hasta ahora ha suministrado Hacienda, apuntan a que el déficit de los ayuntamientos superará este año los 5.000 millones de euros. Mariano Rajoy se reunió ayer en el Congreso con sus diputados y les recordó las grandes cifras que estrechan el margen municipal para continuar prestando los servicios públicos que tienen encomendados: sus deudas han subido un 43% desde 2004, hasta los 33.000 millones de euros, tienen pendientes de pago facturas por importe de 35.000 millones a empresas y proveedores y han de devolver 1.500 millones ingresados de más al fallar las previsiones de recaudación efectuadas por el Gobierno central. En suma, una situación extrema que, en opinión de Rajoy, "pone en riesgo" la capacidad de los ayuntamientos para financiar sus competencias.

Con este ánimo de que el Gobierno priorice la respuesta a las dificultades de los ayuntamientos y, al mismo tiempo, con el intento de llamar la atención sobre la etapa que se abre hasta las elecciones municipales del año que viene, el PP concentrará el próximo día 27 en Madrid a los alcaldes de las ciudades más importantes. "Vamos a dar la batalla política porque Zapatero ha engañado a las corporaciones locales", anunció Rajoy.

El Grupo Popular defendió ayer en este mismo contexto una moción en la que emplazó al Gobierno a reformar el gobierno local y la financiación municipal antes del verano mediante el traslado al Congreso de sendos proyectos a los que se daría trámite de urgencia.

Horizonte electoral

El PSOE presentó a esta moción una enmienda transaccional que compromete al Gobierno a remitir al Congreso antes del 31 de diciembre un proyecto de ley de bases del Gobierno local, sumado a otro que incorporaría el nuevo modelo de financiación municipal. El objetivo, según dijo ayer el PSOE, sería que ambas iniciativas entraran en vigor tras las elecciones de mayo del año que viene, una vez se constituyan las nuevas corporaciones locales.

Al Partido Popular le pareció demasiado dilatado el plazo propuesto por el Gobierno, pero al final se autoenmendó y lo aceptó. Tras esta rectificación, el PSOE, como el resto de los grupos, votaron a favor de la iniciativa, en la que el Congreso insta al Ejecutivo a llevar a cabo ambas modificaciones legislativas antes de diciembre.

El diputado de Convergència i Unió Jordi Jané se alineó con la moción inicial del PP porque, en su opinión, si el Gobierno retrasara hasta final de año el envío al Congreso de ambos proyectos de ley, sería muy difícil que pudieran entrar en vigor para las elecciones autonómicas y municipales de mayo.