La reforma de la ley de Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral impusieron nuevas obligaciones y requisitos a las fuerzas que tienen la intención de postularse en comicios nacionales. Para ser reconocido como partido de orden nacional, una fuerza política debe acreditar la afiliación efectiva del 4 por mil de los ciudadanos que figuran en el padrón electoral en, por lo menos, cinco provincias. Antes de la modificación de la Ley 26.571, alcanzaba sólo con las adhesiones. La diferencia es sustancial. Los partidos chicos o nuevos impulsaban campañas de "adhesión" que le permitían a un ciudadano acompañar la creación de una nueva fuerza sin necesidad de afiliarse a ella. Ahora, el compromiso debe ser total. Además, deben haber superado el 2% de los votos en las dos últimas elecciones en las que se presentaron, adecuar sus cartas orgánicas para admitir las internas abiertas -a realizarse el 14 de agosto próximo- y en ellas, que sus candidatos sean votados por lo menos, por el 1,5 % de los electores.

La cuenta regresiva comenzó a correr en febrero cuando se abrió el registro de afiliaciones de los partidos políticos bajo la nueva legislación, y se enviaron las notificaciones a los partidos nacionales para que comunicaran la situación. Hasta el último registro, sólo 16 de las 30 fuerzas registradas está en regla según el detalle al que accedió WE. Y el resto tiene un plazo variable entre septiembre y octubre para mostrar la lista definitiva de sus afiliados y poder obtener el reconocimiento como fuerza nacional que tenían hasta ahora. 

El número perfecto

El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical hicieron honor a su tradición política en la Argentina y no tuvieron problemas en demostrar que superaron el piso requerido de afiliados en cada uno de los 24 distritos electorales del país. Son los dos únicos casos. Fuera de los dos partidos históricos, otras dos fuerzas tienen desarrollo territorial extendido en el país. La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, tiene el respaldo de 14 distritos. En tanto que el PRO, de Mauricio Macri, reforzará los 9 distritos en los cuales tenía confirmada la personería con los 10 que le aporta Recrear, liderado por Esteban Bullrich. La Justicia acaba de confirmar el pedido de fusión de esas dos fuerzas en un único partido y sumarán distritos y afiliados. En tanto, el partido Unión Celeste y Blanco, de Francisco De Narváez, tiene por su cuenta "reconocimiento definitivo en Buenos Aires, La Rioja, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe y Catamarca", indicó su apoderado Fernando Rozas.

El Partido Demócrata Cristiano tiene la convalidación de 11 distritos, igual que el Frente Grande; el Partido Intransigente suma 10 con personería confirmada y el Partido de la Victoria cuenta con su propia decena de distritos electorales con garantías. El Partido Comunista tiene siete, la misma cantidad que Libres del Sur. Y con media docena de afiliaciones mínimas confirmadas, el Partido Humanista y el Partido Nacional Constitucionalista continúan vigentes como fuerzas de orden nacional. También el Partido Socialista tiene una estructura sólida con afiliados confirmados por la Justicia provincial de 12 distritos. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) también está en esa lista. Y con la confirmación de las afiliaciones en Córdoba, Unión Popular llega justito a los cinco distritos. Otro partido que llega justo a la personería es la alianza Consenso Federal que, reuniendo a Cambio 2000 de Tucumán y a la Unión Vecinal de Córdoba, entre otros, alcanza el número mágico de cinco. 

Zona gris en el centro

El partido que fundó el ya fallecido Álvaro Alsogaray lejos está del esplendor de hace dos décadas cuando se convirtió en tercera fuerza nacional. Hoy, está al borde de perder su categoría de partido nacional. En sólo cuatro provincias se confirmó su personería y la búsqueda de la quinta necesaria parece complicada. De hecho, en uno de sus distritos fuertes, la ciudad de Buenos Aires, la justicia declaró caduca a la UCeDé, aunque la sentencia aún no está firme.

Otros dos partidos de centro están al borde de los requisitos mínimos para continuar como fuerzas nacionales: el Partido Federal tiene su personería vigente en cuatro distritos y la Justicia lo intimó a que defina las afiliaciones en otros tres para evaluar si suma los requisitos. El Partido Demócrata Progresista tiene una situación similar: cuatro distritos con la tarea cumplida, una intimación en la provincia de Corrientes para que convalide las afiliaciones y está a la espera de que se resuelva el caso de Formosa: si las dos alternativas fracasan no habrá personería nacional.

Problemas de derecha e izquierda 

El partido PAIS, que con tanto ímpetu formó el mendocino José Bordón cuando se fue del peronismo y que el último tiempo Felipe Solá pensó en reflotar para su propio proyecto, está más cerca de quedar como un partido local que una plataforma nacional: tiene afiliaciones suficientes en tres distritos y en los otros dos está lejos de los 4.000 que se requieren, ya que hasta marzo, cuando fue intimado por la Justicia, pudo convalidar 1.726 en la ciudad de Buenos Aires y 1.283 en Santa Fe. 

Otro partido político que tuvo su aparición en la década de los ‘90, Acción por la República, fundado por Domingo Cavallo tras su eyección del gobierno nacional de Carlos Menem, está en una cuerda floja similar: tiene personería válida en tres distritos y en otros tantos ya está corriendo el trámite de caducidad. 

También el Partido Autonomista tiene sólo tres distritos firmes, similar a la Confederación Coalición Cívica, integrada por Cambio jujeño y Dignidad Popular, y deberá remontar la cuesta de afiliaciones en otras dos provincias. Un esfuerzo idéntico tendrá que hacer el Partido Conservador Popular. La Confederación Causa Federal -partido de la Ciudad- sólo tiene presencia confirmada en dos distritos.

Los problemas acosan también a los partidos de izquierda. El Partido Obrero de Jorge Altamira sólo validó ante la Justicia electoral las afiliaciones necesarias en tres distritos y en otros cuatro ya está iniciado el trámite de caducidad que, si se confirmara, lo dejaría afuera de la lista de fuerzas nacionales. El Partido Socialista Auténtico (PSA), que le dio soporte jurídico a Proyecto Sur en las últimas elecciones, esta vez no podrá ser utilizado por el partido de Fernando Pino Solanas porque sólo tiene confirmada la personería en dos distritos. Debería confirmar otros tres que están en trámite judicial de reconocimiento. Pero en la fuerza no se preocupan porque acaban de sumar como aliado a Libres del Sur de Humberto Tumini que no tiene problemas con la nueva ley, indicó el apoderado de Proyecto Sur, Julio Raffo a WE. En tanto, el partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), de Cristina "Chipi" Castillo, debe buscar dos provincias para llegar al número de cinco o no podrá por si solo presentar candidatos nacionales. La Izquierda Socialista (IS) está aún más débil. Sólo tiene en regla a los afiliados de San Juan y tres trámites de caducidad en otras tantas provincias. 

La extrema derecha no se queda a salvo. El Partido Popular de la Reconstrucción que fundó el ex militar Gustavo Breide Obeid está rumbo a la extinción como fuera de alcance nacional: tiene presencia en Chaco y Entre Ríos; en la ciudad de Buenos Aires ya está caduco y en otros dos distritos su destino es incierto. z we

Argentina, a la cabeza

La Argentina tiene inscriptos ante la Justicia 670 partidos políticos de orden provincial y 30 de orden nacional. Todo un récord que no resiste comparación con otras naciones del continente.

Por ejemplo, el Instituto Federal Electoral (IFE) de México tiene registrados en su página oficial ocho partidos de orden nacional. Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil registra 27. El Servicio Electoral de Chile reconoce 11 fuerzas políticas. Y el Consejo Nacional Electoral de Colombia valida a 16 fuerzas políticas. La cifra descomunal de partidos en la Argentina es hija de la crisis social y de representación de 2001. Y de algunos beneficios para la subsistencia. En palabras de un experto en temas electorales: "En la Argentina es más redituable tener un partido político que una sociedad anónima".

Aunque reconoció que es un tema muy complicado, la candidata a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, respaldó el voto a favor de la devolución de los aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

“Siendo un tema complejo, creo que si hemos llegado a este punto, la ciudadanía debe expresar su punto de vista y creo que hay que votar por el sí. Sé que es un tema difícil, complicado, que obligará al próximo gobierno a ver la forma de organizar los recursos”, dijo.

Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno tiene un importante margen de tiempo para establecer los mecanismos para cumplir esa obligación así como para definir a los beneficiarios.

No obstante, ante la magnitud de los recursos que deberán destinarse a ese fin, sostuvo que comprende la actitud del gobierno de advertir cuáles son las implicancias de devolver los fondos aportados al Fonavi.

“Me parece absolutamente legítimo que el gobierno diga ‘cuidado’ estas pueden ser las implicancias”, subrayó.

Sin embargo, refirió que la devolución de los aportes puede materializarse a través de programas de vivienda del próximo gobierno, con el reconocimiento de lo aportado, entre otras alternativas.

Lourdes Flores expresó estas declaraciones luego de participar en el foro “Cultura, Desarrollo y Gobierno”, organizado por la Universidad Científica del Sur, en la sede de la Asociación Nacional de Rectores (ANR).

El último 13 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó al referéndum para este 3 de octubre, en cumplimiento con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que así lo determinaba.

Diversos sectores, como el Ejecutivo y la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), manifestaron su preocupación por la realización de esta consulta, al considerar que una eventual devolución de los aportes causaría un forado a la caja fiscal de 22 mil millones de nuevos soles.

Gustavo Madero anunció que deja la coordinación de los senadores del PAN, con el fin de contender por la dirigencia nacional de su partido y que los temas legislativos no se contaminen por el proceso electoral interno.

En conferencia de prensa, el legislador se manifestó a favor de las alianzas electorales y porque Acción Nacional siga apoyando al presidente Felipe Calderón, pero al mismo tiempo mantenga autonomía en los procesos internos.

Madero Muñoz dijo que su renuncia a la coordinación de la bancada será efectiva a partir del 1 de septiembre, pero aclaró seguirá siendo senador durante el periodo ordinario de sesiones.

El legislador por Chihuahua omitió por el momento dar el nombre del nuevo coordinador de los 50 senadores del blanquiazul.

Madero Muñoz aceptó que conversó con el presidente Felipe Calderón sobre esta decisión, pero rechazó que sea el candidato del Ejecutivo federal para la dirigencia del PAN.

El senador presentó 10 compromisos que cumplirá en caso de sustituir a César Nava en el cargo partidista.

Adelantó que de ganar el cargo no tolerará deslealtades e iniciará un diálogo "para enfrentar los impulsos regresivos e intentar feudalizar la vida pública del PAN”.

Asimismo se comprometió a seguir con las alianzas con el PArtido de la Revolución Democrática (PRD) para “acabar con los cacicazgos que afectan el desarrollo nacional”.

Además del impulsar, dijo, la rendición de cuentas de los gobernadores emanados del PAN como una manera de atacar directamente la corrupción.

La canciller alemana, Angela Merkel, previno hoy a la industria atómica que podría imponerle una tasa para el desarrollo de las energías renovables que se sumaría al impuesto planeado para el caso de prolongar la vida de las centrales nucleares.

"Creo que además, y no quiero usar la palabra impuesto, naturalmente tenemos que pensar en la forma en la que la industria energética efectúe una contribución a las energías renovables", dijo Merkel durante una visita a la central nuclear de Lingen, en Baja Sajonia.

La canciller reaccionó de esta manera a la campaña de prensa lanzada por los grandes grupos energéticos que operan en el país en contra de la política energética de Merkel y el llamado "impuesto al combustible nuclear" que sopesa el gobierno a fin de consolidar los presupuestos.

El gabinete de Merkel sesionará el 1 de septiembre sobre el proyecto del impuesto a través del cual se recaudarían unos 2.300 millones de euros por año, pero no se espera una decisión hasta finales de septiembre.

El tema del impuesto nuclear ha desatado polémica entre los socios de la coalición de centroderecha. El Partido Liberal y la hermana bávara de la CDU, la CSU, se muestran escépticos, mientras que el ministro de Medio Ambiente, el democristiano Norbert Rttgen, aboga por una tasa destinada al desarrollo de energías renovables.

Dejaron sus rencillas de campaña de lado, sus colores y pensamientos políticos por una sola causa, la de crear una nueva circunscripción senatorial para Osorno. Fue así como los senadores Andrés Allamand y Eduardo Frei, más los diputados Javier Hernández y Sergio Ojeda, se unieron a favor de conseguir concretar esta idea que vienen anunciando desde el 2007. 

A partir de la creación de la Región de Los Ríos, la Región de Los Lagos quedó constituida por las Provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, configurándose una nueva composición regional donde las provincias pasan a tener diferente peso en el nuevo contexto regional. Por ende, de crearse la nueva circunscripción para la Provincia de Osorno, consideraría el distrito 55 y las comunas de Puyehue, Puerto Octay, Purranque y Río Negro. 

Es así como ayer, nuestros cuatro representantes en el Congreso, dieron a conocer que están trabajando en pos de concretar este hecho, dejando de lado todas las diferencias políticas. 

Quien se refirió a los beneficios que traería a Osorno esta nueva circunscripción fue el diputado Javier Hernández, quien señaló que con esto el poder ejecutivo fijaría más sus ojos en Osorno al tener senadores que nos representen más directamente. "Uno de los objetivos fue que tengamos mayor representación política senatorial. Osorno siempre ha estado postergado por no tener una suscripción nueva", señaló el parlamentario. 

Ahora lo que queda para concretar esta iniciativa, es crear esto como proyecto de ley y que sea votado en el Congreso, luego pasa al poder Ejecutivo, quienes son finalmente los que deciden. 

Hernández también destacó la participación de los cuatro parlamentarios, dejando claro que se han unido para trabajar por este, dejando de lado las rencillas políticas.

El diputado DC Gabriel Silber anunció hoy que “pediré al Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet que el gobierno dé urgencia al proyecto de ley que sancionará la incitación al odio racial, como una forma de ayudar a poner término a la reciente ola de amenazas a los miembros de la comunidad judía”

El parlamentario explicó que “están en tramitación dos proyectos de ley que sancionará con penas de cárcel más altas que en la actualidad a los grupos o personas que inciten al odio o a la violencia, amenacen o difamen a otros por motivos de su raza, sexo, religión o nacionalidad. Lamentablemente, ellos no tienen urgencia y están sin avances en el Congreso, por lo que pediremos que se les dé urgencia para que pronto puedan estar vigentes”.

“No es posible que en nuestro país se esté produciendo esta ola de amenazas de índole racista. Tenemos que actuar rápido y endurecer las penas para frenar este tipo de hechos. No debemos esperara a que ocurra una desgracia para que como sociedad reaccionemos”.

“En pleno siglo XXI y después que nuestro país y el mundo ha vivido situaciones tan trágicas por persecuciones por motivos de religión, raza, sexo, nacionalidad, creencia política u otras, no podemos permitir que este tipo de movimientos intolerantes empiece a penetrar en nuestra sociedad”.

El diputado Silber agregó que “además, pediré una audiencia al General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, para pedirle que su institución realice una investigación especial y acuciosa para descubrir quienes son estas personas que realizan este tipo de amenazas tan cobardes”.

“Todos nos debemos movilizar para que este tipo de actos violentos y discriminatorios no queden impunes y, por el contrario, reciban una pena efectiva de cárcel para evitar su crecimiento.

·       Proyecto de Ley se está tramitando bajo el expediente #  17.811

·       Diputados de otras Fracciones se unieron a la iniciativa de presentación de este proyecto

·       Diputado José Roberto Rodríguez manifiesta las diferencias de este proyecto frente al Proyecto con el mismo nombre presentado por el Gobierno

Las Cooperativas de electrificación rural, la JASEC, la ESPH, y la UCR, luego de muchos meses de análisis y consultas, convergieron en la elaboración de un proyecto de ley, que viene a regular a través de un mesurado  marco normativo, los componentes legales de la industria eléctrica, las potestades del sector público,  y los derechos y deberes de los usuarios.

Este es un proyecto que fue acogido inicialmente por el legislador socialcristiano José Roberto Rodríguez Quesada.  Él mismo consiguió el respaldo de sus compañeros de la Fracción del PUSC.   Igualmente dicho congresista  logró el respaldo y firma de otros señores y señoras diputadas de otras tiendas políticas.

El diputado Rodríguez Quesada, junto a algunos compañeros congresistas hizo una primera presentación del proyecto a la corriente legislativa, sin embargo, luego de unos cambios propuestos por otros legisladores, quienes se unieron a esta iniciativa, presentaron de nuevo el Proyecto, esta vez acogido por 19 legisladores de las diferentes bancadas.

De ese respaldo de otros legisladores y legisladoras a esta iniciativa, se desprende que se trata de un proyecto que definitivamente viene a proteger los intereses nacionales en las acciones tendientes a lograr la apertura eléctrica, para que ésta sea de beneficio para todas las partes que se involucrarán en su operación; en especial, que los intereses nacionales queden debidamente protegidos.

Por su parte el diputado cartaginés Rodríguez Quesada ha manifestado que  con este Proyecto se mantiene el modelo actual, fortaleciéndolo al integrar al ICE,  a JASEC, ESPH y CNFL, las cooperativas de electrificación y a toda persona física o jurídica autorizada a producir electricidad; creando un mercado paralelo competitivo.  Lo anterior se desmarca de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Según el legislador Rodríguez Quesada, la Fracción legislativa socialcristiana se ha comprometido a respaldar fuertemente esta iniciativa, y a defender fervientemente los mas nobles intereses patrios en la tramitación de este tema; que por ejemplo a diferencia con la propuesta del gobierno, la participación privada se da proponiendo proyectos candidatos al plan de expansión y su tarifa es fijada  al costo por la ARESEP y no por la variable oferta-demanda.

Junto con señalar que la conducta del Presidente Piñera no se ajustó a la institucionalidad ambiental vigente en el país, y destacar que “todos nos alegramos de que finalmente no se construya la central termoeléctrica en Barrancones, el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio acusó hoy “tráfico de influencias” en este caso, criticando la solución implementada por el Presidente de la República.

Ascencio señaló al respecto que “después de una semana de movilizaciones ambientalistas y de una masiva  expresión a través de las redes sociales, el Presidente Piñera informó al país que se modificaba el proyecto a petición suya, argumentando su defensa de la flora y fauna del lugar, todo ello a pesar de que la instrucción política, dada  a los funcionarios de su  gobierno fue la de aprobar su construcción, prescindiendo de la opinión ciudadana y sin ninguna preocupación por los daños medioambientales ni la contaminación para los habitantes de la zona.” 

Agregó que “Piñera ha dejado en ridículo a todos los funcionarios recién nombrados por él en la región de Coquimbo y a su Ministra de Medio Ambiente, a quienes había dado instrucciones para aprobar el proyecto. Esos funcionarios ahora saben que  su opinión no importa y que sólo son marionetas de los intereses del Presidente. “

Junto con cuestionar las razones argumentadas por el Presidente para cambiar el lugar de ubicación de la polémica central, Ascencio afirmó que “sostengo que lisa y llanamente, la verdadera razón del cambio de actitud del Presidente responde al  más descarado tráfico de influencias que muestra como se usa el poder político y económico”.

“La prensa de hoy informa con lujo de detalles la participación de un amigo del Presidente, el empresario Juan Claro, quien por supuesto al margen de toda institucionalidad, gestiona con la empresa trasnacional Suez Energy un acuerdo privado con el mandatario para no construir la central o “moverla unos kilómetros”.

Señaló, además, que “lo que tantos jóvenes en las calles de muchas ciudades, incluida una diputada de gobierno, que sufrió la represión desatada en el país, no lograron, lo pudo, de manera fácil, el amigo empresario. ¿Por qué? Fácil. Porque ese amigo del Presidente tiene casa de veraneo en la zona que sería afectada. Qué ingenuidad de todos pensando en el poder de las redes sociales o la manifestación ciudadana.”

El parlamentario precisó al respecto que “el actual gobierno y, en particular el Presidente de la República, entienden bien el lenguaje del poder. La opinión de los ciudadanos no importa, para eso se usa a Carabineros y se les reprime. La opinión que importa y que surte efectos es la de un llamado por teléfono de un empresario influyente y preocupado que no le ensucien el entorno de su lugar de descanso.”

Ascencio agregó que “nuevamente el tema de la política ligada a los negocios y a las influencias de los que controlan todo; desprecio por los ciudadanos y ninguna intención de cumplir con las promesas de campaña. Actuaciones al margen de la institucionalidad son y serán la tónica de un gobierno que ha empezado a mostrar su verdadero rostro.”

Finalmente, indicó que “el país ya conoce de experiencias, propias y de otros países de la región, de gobernar al límite de la ley, corriendo los márgenes, cada vez que ello es posible. Es bueno recordarle al mandatario que toda autoridad está sometida al imperio de la ley y, también, de la ética y la estética. Es peligroso alejarse tanto de esta premisa. El Presidente deberá entender que tiene límites; aquellos que nunca conoció en su actividad empresarial, según testimonio de sus propios pares. Gobernar el país es distinto, tiene que ver con el bien común, mucho más allá de los negocios o el afán de protagonismo.”