El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) renovó hoy su estructura partidaria. El nuevo presidente de la agrupación será Gerardo Vargas Rojas, quién desempeñó como Presidente ejecutivo del IDA durante los años 2005 y 2006 y previamente había sido presidente del Tribunal Ambiental Administrativo.

Junto a Vargas, el PUS también designó a  Sandra Guadamuz como Vicepresidenta, a William Alvarado como Secretario General. La Tesorería recayó en Emilce Fuentes y la Fiscalía la ocupará Wellington Arguedas.

Asimismo, como suplentes resultaron Rafael Ángel Guillén para el puesto de Presidente, Coraly Chaves para la Secretaría y el suplente en la Tesorería será Jhony Rodríguez.

Durante el encuentro, celebrado en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, también se aprobó un transitorio que de acuerdo con el Presidente del Tribunal Electoral Interno, Juan Carlos Chavarría, esta nueva disposición establece que para las elecciones municipales de diciembre de 2010, se autoriza la suscripción de coaliciones o alianzas con otros partidos y la participación política de los militantes socialcristianos con otros partidos políticos, sin que por ellos pierdan la militancia en el PUSC y se autoriza la participación de militantes de otros partidos políticos en las papeletas del partido, sin que se exija el requisito de militancia.

·       Ley General de Electricidad debe discutirse con profundidad e integralmente

·       Debe haber más fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social

La Fracción Legislativa del Partido Unidad exigió hoy más inversión social a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, durante la cita que sostuvieron en la Casa Presidencial, pues en criterio de la bancada es más que evidente la deuda social que se está dando en el país y que no permite acceso a las oportunidades y el desarrollo para la mayor parte de la población.

En lo referente al trámite de la Ley General de Electricidad, la Fracción solicitó que se analice en el marco de una Comisión Mixta, con expertos independientes que aporten y enriquezcan la propuesta. De igual forma, se rechaza de plano cualquier trámite rápido que se le quiera dar a la iniciativa, pues la discusión debe ser con profundidad y total transparencia.

Con el fin de potenciar el desarrollo de la micro y pequeña empresa y al mismo tiempo dar un respiro a los productores, la bancada externó a doña Laura Chinchilla la necesidad de modificar la Ley de Banca para el Desarrollo para que el servicio que brinda llegue a la gente que más lo necesita, sin mayor burocracia y trabas como sucede actualmente.

Asimismo, los rojiazules abogaron porque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implemente un mecanismo que permita evaluar los servicios que presta la institución e impulsar una mayor humanización de los mismos, pues problemas como las filas, listas de espera, faltante de medicamentos o ausencia de vacunas, son temas prioritarios para la población y no pueden depender de un procedimiento administrativo que toma meses para resolverse.

En el tema de seguridad social, la Fracción del PUSC fue enfática al señalar la necesidad de retomar los proyectos de construcción del Hospital del Cáncer, el Hospital para los Barrios del Sur de la capital, el Hospital de Siquirres y el Hospital de Cartago. Todos estos centros médicos de gran importancia para las poblaciones que deben trasladarse hasta otros centros con el riesgo que eso significa para la salud.

Dentro de la agenda tratada con la Presidenta, los diputados de la Unidad Social Cristiana abordaron el tema de la vivienda. En este sentido, pidieron que no haya sub-ejecución presupuestaria de la institución, exista un compromiso claro y prioritario por la erradicación de tugurios en el cual, dejen de hacerse transferencias presupuestarias hacia otros programas que desea desarrollar el Gobierno, como sucedió en la tramitación del último presupuesto extraordinario, en el cual se le cercenaron más del 70% de los fondos.

En este mismo sentido, la Fracción del PUSC enfatizó en la necesidad de dar acceso a vivienda a la clase media y al giro completo de los aportes al Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI), que por ley son del 3% del total de los presupuestos, ordinario o extraordinarios, que se tramiten por parte del Ejecutivo, según lo establece el artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

En el campo educativo, los diputados rojiazules solicitaron a doña Laura, que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dé prioridad a la capacitación en las zonas más deprimidas económicamente como lo son las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón y evitar que esta entidad tenga una sub-ejecución presupuestaria.

En materia de empleo, se instó a la Presidenta Chinchilla a dar mayores incentivos para la instalación de zonas francas en las zonas de menor desarrollo, para que logren generar inversión y trabajos bien remunerados que permitan romper con el círculo de la pobreza.

·       “Con la mejor voluntad todos los diputados y senadores tratamos de entenderlas y no lo logramos hacer” dijo la senadora.

Sorpresa causaron entre los parlamentarios las indicaciones que el Gobierno presentó hoy al proyecto de femicidio, un minuto antes de que se iniciara la sesión de la Comisión Mixta que la senadora Soledad Alvear convocó especialmente para acelerar la aprobación de la iniciativa.

“Lamento que tengamos este retraso porque pensaba que íbamos a despachar el proyecto hoy y no me imaginé que un minuto antes de la sesión íbamos a encontrarnos con esta sorpresa”, dijo la senadora.

Alvear explicó que “lamentablemente no asistió ni el Ministro de Justicia ni la Ministra del Sernam, que son quienes firman estas indicaciones y el primer parecer de casi todos los integrantes de la comisión es que sus propuestas son malas”.

La parlamentaria informó que con el objeto de escuchar  la fundamentación de dichas propuestas “acordamos seguir la próxima semana con la presencia de los Ministros y los profesores  Enrique Curi y Juan Domingo Acosta que son expertos en derecho penal, porque nos interesa tener un buen proyecto”.

Sobre las indicaciones presentadas por el Gobierno, Alvear señaló que “con la mejor voluntad todos los diputados y senadores tratamos de entender las propuestas y no lo logramos hacer”.

“Espero que para la próxima vez el Gobierno tenga una explicación de estas propuestas que aparecen con la firma del Presidente de la República, el Ministro de Justicia y la Ministra del Sernam. Seguramente ellos tienen argumentos que nos interesará conocer, para entender en qué consiste porque no logramos entender qué pretende el Ejecutivo”, añadió la senadora.

Consultada por la prensa sobre la posibilidad de que haya segundas intenciones tras esta sorpresiva acción del Ejecutivo, Alvear sostuvo que “yo no califico intenciones, siempre pienso que querrán hacer un aporte y lo que sí puedo decir es que el aporte que hicieron en esta ocasión es malo”.

-         “Creo que había mérito suficiente, pero no contamos con las mayorías necesarias, Mañana, sin embargo, la Sala deberá pronunciarse y espero que podamos entregar una señal de que hechos como estos, en contra de los funcionarios públicos, no pueden repetirse y deben ser sancionados”.

Convencido de que existían méritos suficientes para aprobar la acusación constitucional contra la Intendenta de Atacama y el Gobernador de Copiapó,  Ximena Matas y Nicolás Noman, respectivamente, el diputado DC Gabriel Ascencio, integrante de la comisión que estudió el libelo, lamentó el rechazo por tres votos contra uno, del texto acusatorio en el seno de la comisión. Mañana, la sala de la Cámara deberá votar el informe.

Ascencio agregó que “ha quedado claramente demostrado que existió una confabulación entre la Intendenta y el Gobernador para solicitar información privada de los funcionarios públicos, para luego amedrentarlos y conseguir razones para los despidos por argumentos políticos”.

Agregó que “se reconoce la existencia del documento que solicitó información y eso es gravísimo. El daño a los funcionarios públicos, creando una sensación de enorme inestabilidad e inseguridad, es  irreparable. Por eso, lamento la votación de los diputados  de la derecha, que votaron para proteger a sus autoridades, pero no sólo votaron en contra de la acusación, sino que votaron, también, en contra de todos los funcionarios públicos”.

El parlamentario precisó, además, que “mañana intentaremos en la Sala dar una señal de que esto no puede volver a ocurrir y que es un hecho que la Cámara debe sancionar”.

El libelo acusatorio surge tras la denuncia de la existencia de un oficio, firmado por el gobernador de Copiapó, Nicolás Noman, como intendente subrogante- que ordenó informar las militancias políticas y sindicales de los funcionarios del gobierno regional.

La acusación constitucional fue presentada el pasado 10 de junio por los diputados DC Aldo Cornejo, Gabriel Silber y Roberto León y por los diputados del PPD, Adriana Muñoz, Tucapel Jiménez, los diputados Sergio Aguiló y Denise Pascal (PS), y el diputado del PC Lautaro Carmona.

En las elecciones de autoridades nacionales, regionales, municipales y parroquiales previstas para el 25 de julio, podrán participar sin excepción alguna todos los afiliados a COPEI Partido Popular, aseguró el Presidente de la Comisión Electoral Nacional, Sergio Urdaneta.

Al informar que se ha cumplido de manera estricta con lo dispuesto en el cronograma electoral y sus lapsos, Urdaneta comentó que el registro definitivo se ubicó en un millón nueve mil personas, quienes podrán ejercer de forma democrática su derecho al voto en las 655 mesas que se dispondrán en todo el país. “El registro de afiliados fue depurado, allí no sólo se desincorporó a quienes cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos enviaron comunicación escrita manifestando su voluntad de ser excluidos, sino que se permitieron las incorporaciones en el lapso previsto”, explicó el Presidente de la Comisión Electoral de la tolda verde.

“Van a funcionar centros de votación en todos y cada uno de los municipios del país, para facilitarle a la gran familia copeyana su participación en esta fiesta que servirá para reencontrarnos en el mejor de los ánimos”, dijo, a la vez de comentar que para esta fecha ya está elaborado gran parte del material electoral que será usado el domingo 25 del venidero mes de julio.

Urdaneta resaltó que el proceso interno se está realizando con estricto apego a la Constitución, las leyes y los estatutos internos de COPEI Partido Popular, respetando los derechos de todos los copeyanos del país a participar en la escogencia de sus autoridades en todos los niveles.

Explicó que existen dos planchas compitiendo por la Dirección Nacional, una que solicitó llevar el número 100 (cien) y otra que solicitó el número 8 (ocho), las cuales presentaron fórmulas en los estados y municipios. También existen otras fórmulas, además de las mencionadas, en diversos municipios y parroquias, con lo cual está garantizada la participación de varias propuestas en la contienda electoral interna.

El Presidente de la Comisión Electoral Nacional de COPEI concluyó invitando nuevamente a los afiliados al partido a participar con entusiasmo y de forma masiva en las elecciones internas.

Iniciativa fue firmada además por los senadores Francisco Chahuán (RN), Carlos Cantero (RN), Jorge Pizarro (DC) y  Camilo Escalona (PS)

El 08 de octubre vence el plazo que tienen los canales de televisión abierta para transmitir la señal demostrativa de formato digital y el proyecto de ley que regula esta materia no sólo se encuentra estancado en el Congreso sino que además es rechazado por diversos actores del mundo de la televisión.

Así lo constató la senadora Soledad Alvear, quien la semana pasada convocó a una Mesa Redonda para hablar sobre el futuro de la Televisión en nuestro país.

“Estuvieron presentes representantes de Anatel, Arcatel, Plataforma Audiovisual, Fucatel,  CHV, Asociación de Canales Comunitarios  y hasta el Colegio de Ingenieros  y la conclusión fue casi unánime, el proyecto como está no sirve y en tres meses es imposible sacar una Ley que aborde en forma seria y responsable el futuro de la televisión en nuestro país”, dijo la parlamentaria que hoy ingresó a tramitación una iniciativa con el fin de extender hasta junio de 2011 el plazo para que los canales puedan transmitir en formato digital.

El proyecto fue firmado además por los senadores Francisco Chahuán (RN), Carlos Cantero (RN), Jorge Pizarro (DC) y  Camilo Escalona (PS).

“La importancia que tiene la TV como medio de comunicación, la llegada que tiene a los hogares, en información y entretención, no se puede tomar a la ligera, ni prestarse para legislaciones de parche. Perfectamente se puede prorrogar por ocho meses la vigencia de estas transmisiones, y discutir seria y responsablemente una legislación que aborde el fondo de este tema y por eso presenté este proyecto”, advirtió Alvear.

Según la senadora aspectos como el pluralismo, las concesiones, las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión y las regulaciones ya sea de contenido, horarios y publicidad,  “son materias que no son posibles de abordar en una ley corta ni se pueden discutir en tres meses. Las oportunidades para legislar sobre televisión sólo se han dado cada 25 años y no debemos, por una urgencia circunstancial, dejar de legislar de acuerdo a las expectativas de los chilenos”, señaló la senadora.

En menos de un año el Gobierno retiró por segunda vez el decreto que crea el Ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Con molestia reaccionó la senadora e integrante de la Comisión de Medio Ambiente Soledad Alvear tras conocer que por segunda vez en lo que va del año el Gobierno retiró de Contraloría el decreto que crea tanto el Ministerio como el Servicio de Evaluación Ambiental.

Según consta en el oficio Nº 734 de fecha 2 de junio de 2010 del organismo contralor, el decreto fue retirado antes del proceso de toma razón, por lo que su tramitación queda sin efecto.

“Me parece grave que el Gobierno haya postergado una vez más la creación de las nuevas instituciones de medio ambiente y sin dar ninguna explicación”, dijo Alvear.

“El país necesita con urgencia que estas instituciones comiencen a operar, no sólo para las tareas de reconstrucción, sino también para que los nuevos proyectos se evalúen conforme a los criterios establecidos en la nueva Ley”, explicó la senadora.

Asimismo, agregó que “como suscriptora del acuerdo político que hizo posible esta nueva institucionalidad ambiental, me siento francamente preocupada por la demora y la escasa información que ha existido sobre la materia y por eso he solicitado al Gobierno que informe las razones de esta nueva postergación”.