El Secretario General de Copei en el estado Miranda, Emilio Bello criticó este martes la labor de los cuerpos de seguridad del estado para enfrentar la delincuencia tanto en la entidad como en el resto del país.

"Es insólito, que sólo este fin de semana, la morgue de Bello Monte recibió a 40 venezolanos que murieron en manos del hampa y el gobierno nacional en vez de dar respuesta a esta situación, lo único que hace es encadenar todos los días para hacer campaña por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)".

Bello, destacó que según las estadísticas que maneja la tolda verde en la entidad, en la Gran Caracas se han dado mas de 1500 homicidios en lo que va del año, pero si a esto se le suman los decesos violentos del resto de los municipios que conforman el estado Miranda, la cifra pudiera superar los 5000 crímenes.

"El eje que conforman Santa Lucia, Santa Teresa, Yare, Ocumare del Tuy, Cua y Charallave, es considerado como el más violento de todo el estado, porque cada día hay un importante numero de muertes gracias al hampa y los fines de semana las cifras se triplican, pero al parecer a los gobernantes locales, que en su mayoría pertenecen al PSUV, les preocupa mas las elecciones del 26 de septiembre que la seguridad de los ciudadanos", dijo Emilio Bello.

El dirigente copeyano, indicó que a la gran mayoría de venezolanos les gustaría ver o escuchar una cadena en la que el Presidente Chávez, le declare la guerra al hampa y decrete una emergencia por la inseguridad; pero lamentándolo mucho para lo único que el Jefe de Estado utiliza los medios de comunicación, es para inaugurar abastos, bodegas o para realizar proselitismo político con sus compañeros de partido", apuntó.

"Es por esta razón que el próximo 26 de septiembre, los venezolanos castigaran los 11 años de negligencia, ineficacia e ineficiencia de Hugo Chávez y sus diputados; este día todos aquellos que queremos soluciones ante este problema que ha dejado más de 250 mil compatriotas muertos en todo el país, votaremos por un cambio, escogiendo a diputados que no se comporten como focas en la Asamblea Nacional", concluyó Emilio Bello.

El candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, se comprometió a respetar a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como apoyar en forma permanente el desarrollo integral de los habitantes de esas poblaciones.

En el municipio de Batopilas, cuna de don Manuel Gómez Morín, uno de los ideólogos y fundadores del PAN, el aspirante blanquiazul se comprometió en realizar un gobierno cercano a la gente, que los atienda y escuche, en trabajar para el desarrollo de los municipios e hizo hincapié en la ampliación de los programas estatales y en gestionar mayores recursos ante el gobierno federal, pero principalmente que se entreguen de manera oportuna.

Borruel Baquera destacó que su propuesta de desarrollo abarca el desarrollo regional, la educación, el empleo, atención a la salud y el apoyo directo a la economía familiar.

Finalmente, destacó que con el apoyo de todos el próximo 4 de julio se tendrá un Chihuahua diferente, con un gobierno incluyente, de puertas abiertas, humanista que crea y trabaje por su gente.

   El opositor cubano y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, hizo un llamamiento este lunes a "todos los cubanos", y en especial a todos los sectores de la disidencia tanto interna como en el exilio, a que se unan para reclamar al Gobierno de la isla el derecho de los ciudadanos a poder entrar y salir de ella, que actualmente se les deniega.

   En un documento en el que pide que "termine ya la cortina de espinas", el Premio Sajarov del Parlamento Europeo a la defensa de los Derechos Humanos consideró que lejos de reclamar que Estados Unidos pongan fin a su prohibición de que sus ciudadanos puedan viajar a Cuba y además con argumentos encontrados, los grupos de oposición al régimen tanto dentro como fuera de la isla deberían sumar sus fuerzas para reclamar la libertad de los cubanos para entrar y salir de su país.

   "Sinceramente, ponen mucha energía, coordinación y publicidad para proponer al Gobierno y Congreso de Estados Unidos lo que debe o no prohibir o continuar prohibiendo o lo que debe permitir a sus ciudadanos, generándose así tanta polémica, discusión y nuevas divisiones", considera Payá en el artículo, difundido a través de su página web.

   Sin embargo, añade, "quizás muchos no conocen que durante años y ahora mismo, estamos reclamando dentro de Cuba y desde el exilio, de manera muy concreta e inequívoca, que se respete el derecho de los cubanos que viven dentro y fuera del país, a entrar libremente a Cuba y salir libremente, sin castigos, confiscaciones, condicionamientos, permisos, ni destierros".

   "Creemos que si en algo estarán de acuerdo (...) es en que en la ley y en la práctica, en Cuba, debe respetarse el derecho de los cubanos a viajar libremente", subraya Payá, que recuerda que esto es lo que trataba de establecer el Proyecto Heredia presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre de 2007.

   "Si en algo están de acuerdo todos los cubanos, menos los que gobiernan, es en que debe respetarse ese derecho para todos", insiste el opositor. "Exijamos al Gobierno cubano que permita que el pueblo conozca el Proyecto Heredia y más que eso, que permita a los cubanos viajar libremente. Hagan todo lo que esté a su alcance para que el pueblo de Cuba conozca esta propuesta", anima, anunciando el lanzamiento de la "Campaña por el Fin de la Cortina de Espinas.

   "Mucho sufren los cubanos dentro y fuera de Cuba por la negación del derecho a viajar libremente y mucho se ha desgarrado nuestro pueblo por esta cruel cortina de espinas. Nuestro llamado a todos los cubanos (...) es a unirnos en la solidaridad por el derecho de los cubanos a viajar libremente, por el fin del destierro y de la discriminación contra los cubanos en su propio país", concluye Payá en nombre del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación

-         Organismo alega que ella no era la esposa legal, sino sólo la conviviente.

-         Parlamentarios señalan que el caso “demuestra la necesidad de legislar sobre las uniones de hecho, para resguardar la situación patrimonial de los más de 2 millones de chilenos que están en esta situación”.

Los diputados DC Gabriel Silber y Pablo Lorenzini, junto a Elizabeth Moris, la ex pareja del asesinado Cabo Vera, realizarán una conferencia de prensa mañana miércoles 23 de junio, para criticar la decisión del Consejo de Defensa del Estado que decidió apelar al fallo judicial que le entregó a ella el derecho a una indemnización de parte del estado, por la muerte de su ex pareja en acto de servicio, ya que el CDE alega que ella era sólo la conviviente y no la esposa legal.

El diputado Silber señala que “este caso, que es dramático, revela la necesidad de tramitar y aprobar a la brevedad el proyecto de ley que presentamos para regular la situación patrimonial de las uniones de hecho, ya que 2 millones de personas en nuestro país conviven y no tienen regulada ninguna materia de esas relaciones”.

“Todos reconocen a Elizabeth como la viuda del Cabo Vera. Ella vivía con él hace muchos años. Tenían bienes en común, ella criaba a los hijos del cabo, hasta habían comprado una casa juntos. Sin embargo, ella no recibió ninguna indemnización, prestación ni asistencia de la institución y la casa, que estaba a nombre de su pareja, fue entregada a la ex esposa del Cabo Vera, ya que a pesar de estar divorciados, ella es la tutora de los niños, que son los herederos de la casa y todos los bienes del fallecido funcionario policial”.

Se invita a los medios de comunicación a concurrir a esta conferencia de prensa en la cual se entregarán detalles de la situación de la viuda, del fallo favorable a ella y de la apelación del CDE.

La coalición Compromiso por Puebla reprueba que Francisco Covarrubias Pérez, edil del Ayuntamiento de San Pedro Cholula esté obligando a los trabajadores a realizar actos de propaganda política, en horas laborales, para favorecer al candidato tricolor Juan Taylor Morales.

Covarrubias Pérez, en lugar de trabajar para solucionar los problemas que aquejan día a día a los cholultecas, como la problemática de los baches, obliga a los trabajadores del Ayuntamiento a repartir periódicos en horarios de oficina y además autoriza el uso de vehículos oficiales para “apoyar” las actividades de Javier López.

Katia Nayeli González Sanabria, trabajadora de la Secretarías de Gobernación Municipal, entrega periódicos en el centro de la ciudad de Cholula, cuyo contenido afecta a la candidata de Compromiso por Puebla, Dolores Parra Jiménez, esto, en plena hora de trabajo.

De manera lamentable, los trabajadores del Ayuntamiento son obligados a portar la camiseta con el logotipo de la campaña de Javier López,  mientras manejan las unidades oficiales de la administración, lo que significa una clara intervención del gobierno municipal para favorecer la campaña tricolor.

Como bien lo describe un trabajador del Ayuntamiento de San Pedro, quien tuvo el valor de solicitar a un columnista publicara su reclamo, el personal es obligado a asistir a eventos en apoyo del partido tricolor, o de lo contrario se les amenaza con descontarles cierta cantidad de sus salarios.

Cabe recordar que Juan Taylor Torres es sobrino de David Taylor Torres, dueño de la constructora  DAP S.A. de C.V., responsable de la construcción del tramo carretero Eloxochitán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde murieron 32 personas en julio de 2007.

Es vergonzoso que el PRI siga recurriendo a esas prácticas del pasado que lo han caracterizado y de las cuáles la sociedad está cansada, a pesar de que nos enfrentamos a toda una estructura de gobierno, que no sólo regala despensas , varilla, cemento, sino que obliga a los trabajadores a “apoyar” a sus candidatos impuestos,  los ciudadanos, esa mayoría que ya ha abierto los ojos, le demostrarán a Mario Marín que gobernador no pone a gobernador y  votarán este 4 de julio, por la libertad, por la transición y por la esperanza que representan nuestro movimiento ciudadano.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el país, bajo la coordinación de Laura Rojas,  comenzaron la presentación de un punto de acuerdo en los Congresos estatales, en cuyas entidades se registrarán elecciones, con el fin de que las policías del estado y las municipales estén acuarteladas y no haya patrullajes el próximo 4 de julio. 

El pasado 5 de junio el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, solicitó a los diputados locales  de Acción Nacional demandar a los gobernadores y alcaldes del PRI no utilizar a las policías como instrumentos político-electorales a favor de ese partido, por ello el tema es llevado a las tribunas de los Congresos de los estados. 

El objetivo de la propuesta es hacer un exhorto a los gobernadores así como a los presidentes municipales para que, de conformidad con las Constituciones y los Códigos Electorales, ordenen el día de la elección que los cuerpos de seguridad del estado permanezcan en sus puestos, comandancias o cuarteles. 

Esto para evitar la realización de rondines o patrullajes injustificados que disuadan o inhiban la participación electoral, la detención ilegal de personas que pertenezcan a otro partido político diferente al Revolucionario Institucional y la movilización electoral a favor de este instituto político. 

La experiencia ha demostrado que los patrullajes el día de la elección han sido utilizados para detener a diestra y siniestra a los simpatizantes del Partido Acción Nacional y de los otros partidos políticos, en entidades donde gobierna el PRI. 

Estos hechos atentan contra la democracia en el país y representan un retroceso en los avances democráticos alcanzados en los últimos años, al violentar los derechos político-electorales de los ciudadanos y no garantizar el orden y paz públicos en el desarrollo de los procesos electorales. 

A los institutos electorales estatales se les hará un llamado respetuoso para que tomen las acciones y medidas pertinentes en garantizar que los cuerpos de seguridad pública respeten el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, al evitar que realicen acciones que disuadan o inhiban la participación de los electores.

Al secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, también le pedirán acordar con las instancias locales en cada estado un protocolo de actuación para impedir que el día de la jornada electoral las fuerzas del orden se empleen en movilizar electores o detener personas sin existir un motivo que lo justifique. 

Los legisladores locales de Acción Nacional  señalan que los procesos electorales han estado marcados por la actuación ilegal de los cuerpos de policía en estados como Coahuila, México, Yucatán y Veracruz. 

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) por Santiago Oriente, Soledad Alvear, solicitó la intervención de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por denuncias de facturaciones dobles, cobros excesivos en las cuentas y amenazas de corte luz por parte de la empresa de distribución de electricidad CGE a vecinos de Puente Alto y La Pintana.

Dichas irregularidades tendrían su origen en un cambio en el sistema operativo que la empresa realizó a principios de año, y afectaría a más de 1 millón 700 mil personas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Si una familia pagaba 10 mil pesos mensuales, les están llegando boletas por 20 mil, equivalentes al consumo mensual más saldo del mes anterior, aún cuando éste ya se había cancelado. Y hay casos en que se ha incrementado hasta en un 80% el costo de electricidad, sin que se haya producido un aumento real de consumo por parte de las familias, afirmó la legisladora.

Alvear sostuvo que lo más grave es que los vecinos nos informaron que han ido a las oficinas de CGE y que ellos no sólo se niegan a reconocer las equivocaciones, sino que han comenzado a realizar amenazas de corte del suministro a quienes no se encuentren con sus cuentas al día.

Por este motivo, la senadora solicitó a la SEC que informe sobre las irregularidades que están afectando a millones de chilenos en el cobro de sus cuentas de luz por parte de la Empresa CGE, como también, las medidas o sanciones que aplicará con el fin de que no se vuelvan a repetir estos abusos y se corrijan las injusticias que han vivido las personas afectadas.