El presidente nacional del PAN, César Nava, descartó que el Presupuesto para 2010 sea "vetado" por el Ejecutivo federal, pues en su elaboración y aprobación participaron todos los partidos políticos.

"No hay ningún elemento que pudiera suponer la posible participación del presidente (de la República) a partir de un veto", sostuvo en entrevista el dirigente del partido blanquiazul.

Subrayó que el Partido Acción Nacional (PAN) "no le pide al Ejecutivo vetar ese documento porque, al contrario, nos parece que refleja un consenso entre todas las fuerzas políticas".

A decir de César Nava, en el Presupuesto para el próximo año se obtuvieron los recursos necesarios para el combate a la pobreza al otorgar a programas como Oportunidades y el Seguro Popular los ingresos para su funcionamiento.

Reconoció que, como todo, es susceptible de mejora, pero "no al extremo de requerir un veto presidencial".

El presidente del PAN lamentó, por otra parte, los señalamientos del premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, respecto al desarrollo del país.

Aseveró que el investigador desconoce el impacto que en la economía mexicana tuvo la caída de los ingresos turísticos a raíz de los brotes de influenza humana, así como la de los ingresos petroleros circunstancias que, refirió, "ningún país las tuvo".

"Stiglitz desconoce que si no tuvimos en este año los efectos que tuvo la crisis de 1995 fue gracias a la intervención oportuna del gobierno, que no tuvimos la inflación, ni la devaluación o la pérdida de viviendas que hubo en el 95", señaló Nava Vázquez.

En otro rubro, el diputado federal del PAN consideró que la controversia constitucional que prevén interponer algunos partidos contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro carece de elementos jurídicos para soportarla. (Con información de Notimex/TPC)

Plazas públicas, internet y vía telefónica son los mecanismos que utilizará el PAN para captar nuevos miembros adherentes a su partido, durante una campaña de afiliación que durará 15 días y que iniciará este domingo; en el estado de México pretenden atraer a 30 mil integrantes.

Octavio Germán Olivares, dirigente de Acción Nacional en la entidad, precisó que a nivel nacional la meta es captar 300 mil nuevos miembros, campaña con la que "abriremos las puertas" a la sociedad.

"No es una campaña para recomponer lo que hemos dejado de hacer", afirmó el dirigente blanquiazul.

Añadió que en el estado de México se instalarán 80 mamparas en los 40 distritos electorales federales en que está dividida la entidad, ubicadas en las principales plazas públicas y sitios de afluencia de personas, cada una con 250 formatos de afiliación, igual número de sobres postales con porte pagado y dos mil cuadrípticos.

Víctor Hugo Sondón Saavedra, secretario general del PAN en la entidad, dijo que también se podrá realizar el trámite por medio de internet, un número telefónico 01-800 y mensajes vía telefonía celular, lo que constituyen formas novedosas de afiliación.

Germán Olivares dijo que el PAN en el estado de México tiene 21 mil miembros activos y 104 mil adherentes.

Los panistas explicaron que los aspirantes deben entregar copia de la credencial de elector y comprobante de domicilio, aunque posteriormente el Registro Nacional de Miembros les notificará si cumplieron con los requisitos y fueron aceptados como adherentes.

En el PAN sus militantes ingresan como miembros adherentes y al término de seis meses puedo solicitar su registro como miembros activos, estos últimos con más obligaciones y derechos, como convertirse en consejeros nacionales y estatales.

Germán Olivares mencionó que la campaña estará abierta a toda la ciudadanía, aunque especialmente para jóvenes y mujeres, por lo que buscarán atraer a estudiantes de universidades públicas, como la UNAM y la UAM.

El partido reformista social cristiano declaró hoy, que aspira a que la proclama de la nueva Constitución, el próximo 10 de diciembre, genere el inicio de una cultura de ciudadanía que consolide el estado de derecho en la República Dominicana El Secretario General y Vocero de esa organización en la Asamblea Nacional anunció hoy, que su partido considera que la nueva Carta Magna debe convertirse en un instrumento de dominio público y uso cotidiano de los ciudadanos y que el pueblo dominicano debe pasar por un proceso de empoderamiento que convierta nuestra sociedad en mas demandante del cumplimiento de la ley por parte de los gobernantes y sus deberes por parte de los ciudadanos.

“la nueva Constitución que proclamaremos el próximo 10 de diciembre, debe ser un documento de bolsillo y de cabecera al que nos acostumbremos cumplir y hacer cumplir todos sus preceptos, para poder ser en el futuro un verdadero estado de derecho donde rija el imperio de la ley”.

El Secretario General Reformista señalo, que de nada valdría el esfuerzo de miles y miles de horas hombres que se invirtieron en la reforma para obtener el nuevo texto constitucional, sino generamos una voluntad colectiva que la convierta en un documento vivo y no letra muerta que rija, ordene y norme la sociedad dominicana en los nuevos tiempos.

El dirigente reformista señaló, que su partido se siente orgulloso del producto final de la reforma y aseguró que la asamblea acogió más del 80% de las mociones sustentadas por el PRSC y que además el nuevo texto preserva los aspectos más preponderantes de la Constitución Balaguer, del 5 de diciembre del 1966.

Genao anunció, que el partido reformista se convertirá en agente multiplicador del nuevo texto y que divulgará y promoverá los derechos, deberes y normas que este establece en la población dominicana, a fin de que se logre generar la nueva cultura de ciudadanía que requiere nuestra sociedad.

“dentro del deterioro que acumula la sociedad dominicana, la nueva Constitución surge como un punto esperanzador que debemos aprovechar para revertir esta situación, y hacer que la misma vuelva a fundamentarse en los principios y valores con que fundaron nuestra nación los Padres de la Patria”.

Los congresistas miembros de la Bancada Parlamentaria Unidad Nacional, respaldan las declaraciones de la lideresa de UN y Presidenta del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano, quien sostuvo que la reacción del Perú ante el caso de espionaje a favor de Chile, ha sido adecuada y refleja que somos un país que se hace respetar.

Flores Nano quien participó en la víspera en una reunión junto a otros líderes políticos en Palacio de Gobierno, convocados por el Presidente de la República, marcó posición sobre este caso que concita la atención de la opinión publica de ambas naciones.

"Coincidimos plenamente que más allá de este conflicto debemos tener una agenda interna que brinde prioridad a la repotenciación de nuestras Fuerzas Armadas, con la finalidad de tener capacidades disuasivas", reiteró Rafael Yamashiro portavoz del Grupo Parlamentario UN.

El vocero de UN, además agregó que nuestro país deberá establecer una política interna, donde las FF.AA.; no solo se sientan respaldadas por su equipamiento, sino también en lo económico y moral; la seguridad nacional debe ser abordada de una manera seria y no con cálculo político, más allá de los próximos procesos electorales generales del 2011.

"Somos partícipes, como lo ha expresado nuestra lideresa, que el caso del espía Víctor Ariza debe ser juzgado en el fuero militar al considerar que el proceso es de competencia de las instancias militares, esta posición no pretende vulnerar las facultades de la Fiscalía", enfatizó Yamashiro Oré.

Unidad Nacional considera que la crisis generada por esta denuncia, no debe vulnerar las relaciones económicas - comerciales con el país del sur y discrepa con la posibilidad que el Tribunal Constitucional falle a favor de suspender el Tratado de Libre Comercio con Chile.

"El TLC tiene una lógica de carácter comercial y no debiera ser puesto en la agenda, no consideramos válido cuestionar este tratado como una reacción frente a este tema, no se deben confundir los ámbitos porque corresponden a niveles distintos que deben ser analizados con responsabilidad", finalizó el vocero de UN.

La parlamentaria visitó la zona para pedirles a los vecinos que voten informados este 13 de diciembre.

Un llamado a no confundirse hizo en Limache y Villa Alemana la senadora DC Soledad Alvear para apoyar la candidatura a diputado del socialista Marcelo Schilling, el candidato a senador democratacristiano Ignacio Walker y a La Moneda de Eduardo Frei.

La parlamentaria participó de una celebración con niños de jardines infantiles y recorrió la zona para conversar con los vecinos y explicarles que los únicos representantes de la Presidenta Michelle Bachelet en el distrito -y la respectiva circunscripción- son el diputado PS y el ex canciller.

“Aquí en Villa Alemana los vecinos necesitan tener representación en el Congreso y Marcelo Schilling e Ignacio Walker son los candidatos de la Concertación, de la Presidenta Michelle Bachelet y de Eduardo Frei. ¡No hay otro!, expresó Alvear.

La legisladora este sábado visitará La Reina para hacer campaña con Sebastián Iglesias y durante la tarde asistirá al aniversario de La Granja junto al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei.

Consultada sobre las denuncias de espionaje peruano, Alvear sostuvo que “lo importante es actuar con serenidad pero con firmeza para evitar las faltas de respeto a nuestro país, como lo ha hecho la Presidenta y el canciller”.

El PP plantea en su paquete de medidas para luchar contra la corrupción que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. También propone hacer públicas las declaraciones de bienes y "prohibir la aceptación" de determinados regalos que "no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Además, quiere que en los asuntos urbanísticos haya más controles y se otorgue más peso al personal técnico y no al político.

Así se recoge en el documento que ha elaborado el primer partido de la oposición con las bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que mañana detallará el líder del PP, Mariano Rajoy, en la clausura de la XV Intermunicipal que el partido está celebrando en Sevilla. Este texto será ofrecido a partir de mañana a las demás fuerzas políticas.

Según el Partido Popular, este documento con 50 propuestas -en el que han colaborado numerosos expertos-- desarrolla los tres principios en los que "fundamenta su voluntad de dignificar la vida política: transparencia y control, buena administración y firmeza política en la lucha contra la corrupción".

Más poder para el tribunal de cuentas

En el primer capítulo, relativo al fortalecimiento de los controles institucionales, el PP planeta que se garantice la convocatoria de oposiciones para los funcionarios de carrera hasta la cobertura de todas las plazas; facilitar la creación de comisiones de investigación; potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control; y aplicar desde el Tribunal de Cuentas planes específicos destinados al control de cuentas de las entidades locales".

Igualmente, apuesta por agilizar los procedimientos de revisión de los estados contables y financieros de los ayuntamientos para que la rendición de cuentas sea más eficaz, instar a las administraciones públicas a la privación de subvenciones y transferencias públicas a las instituciones que no remitan la información financiera y contable a estos organismos, y "reforzar la responsabilidad personal del responsable público que no remita la cuenta general de la entidad local".

Dentro de este bloque, los 'populares' defienden mejorar los medios materiales y humanos del sistema judicial y "garantizar la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción", ampliar la colaboración de los Defensores del Pueblo en la detección de casos de corrupción, generalizar auditorias externas por parte de los ayuntamientos y convocar automáticamente elecciones parciales en caso de disolución de una corporación local.

Retribuciones y comparecencias en pleno

Con el fin de incrementar la transparencia en la gestión, el PP pide que se publiquen las retribuciones íntegras (certificado de haberes) de los cargos electos y de su personal de confianza; publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones, con determinación de la cuantía y del beneficiario; posibilitar la incorporación de la oposición a los Consejos de Administración de las sociedades y empresas públicas, y a los patronatos de las fundaciones locales.

En este paquete de propuestas, demandan que se regule la comparecencia en Pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales y que se promuevan instrumentos de evaluación de la gestión pública, mediante indicadores públicos de gestión y eficiencia del gasto que puedan compararse entre administraciones.

Además, proponen que se ofrezca publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones (incluyendo convenios urbanísticos, cambios de propiedad, recalificación y plusvalías derivadas del suelo) y que se modifiquen las comisiones regionales y provinciales de ordenación del territorio y urbanismo para sustituir a los políticos por personas con perfil técnico.

Más control en la contratación

Para aumentar la objetividad en la gestión pública, el PP defiende atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera de la entidad local, endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, establecer como regla regenera los procedimientos de adjudicación que permitan la más amplia concurrencia, evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento y garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación.

En el caso concreto de los cargos electos, defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, trasladar al registro de bienes los cambios patrimoniales o de actividades que se produzcan, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales en atención a criterios de población y presupuesto, limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado.

Dentro de este capítulo, plantean "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En línea con esta propuesta, el PP también está trabajando en un código ético para sus dirigentes que aprobará en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.

Además, proponen que se reduzcan los gastos de protocolo, que se racionalice "el uso de vehículos del parque móvil y que se limite "el gasto en teléfonos móviles, publicidad y viajes". Añade que hacer austeridad en la gestión económica es la primera directriz en el manejo de las arcas públicas y de los medios a disposición de los representantes políticos.

Contra los transfugas

En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante).

Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.

Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.