Un punto de acuerdo impulsado por el senador Rubén Camarillo (PAN) para condenar la muerte del disidente cubano Orlando Zapata confrontó al Senado de la República con el gobierno de Cuba.

El diferendo inició con el envío de una carta del embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, a los presidentes de los órganos de gobierno del Senado, Carlos Navarrete (PRD) y Gustavo Madero (PAN), en la que afirma que esta acción podría incidir “negativamente” en la relación México-Cuba.

“Considero improcedente someter a la aprobación del honorable Senado de la República un proyecto de punto de acuerdo sobre un asunto concerniente a la política interna de otro Estado, que de ser aprobado puede incidir negativamente en las relaciones entre nuestros dos países, porque exhortaría al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba”, sentenció Aguilera en su misiva del 3 de marzo.

Dijo que la información del senador Rubén Camarillo para promover el punto de acuerdo es “inexacta”, y negó que Orlando Zapata fuera preso “de conciencia”, pues cometió delitos al colaborar con una potencia extranjera para tratar de derrocar al gobierno cubano.

Ante la carta, Carlos Navarrete defendió la libertad de la cámara alta para debatir cualquier tema, incluidos los que suceden en otros países, mientras que su colega panista Ricardo García rechazó que otra autoridad señale lo que es procedente discutir en el Senado.

Guillermo Tamborrel, legislador del PAN, también criticó que La Habana pretenda “amordazar” al Senado, y exigió que el embajador Aguilera emita cuanto antes una disculpa.

Peticiones del Senado

Rubén Camarillo explicó que en medio de los señalamientos, el Senado dio entrada al punto de acuerdo, pero no trámite de “urgente y obvia resolución”, y fue turnado a comisiones “para incorporar propuestas de senadores del PRD”.

El punto de acuerdo pide, además, a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar al gobierno de Cuba apertura al diálogo con los disidentes políticos y la pronta liberación de todos los presos de conciencia encarcelados. La Habana niega que los haya en sus cárceles.

Plantean visita

En tribuna, el legislador Camarillo dijo que la carta que le envió el embajador Aguilera es la prueba más fiel de la “intransigencia e incapacidad” que muestra Cuba para reconocer un problema de derechos humanos en su territorio, “aunque su gobierno, hipersensible a este tema, pretenda negarlo”.

Graco Ramírez, de integrante de la bancada del PRD, leyó en tribuna una carta dirigida al diplomático cubano para solicitarle formalmente “la visa para ingresar a Cuba” para constatar, de manera personal, la situación que prevalece en la isla en esa materia.

“Hago de su conocimiento mi interés por entrevistarme con representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, con presos políticos y sus familias. Es un deber que tenemos que asumir quienes desde la izquierda hemos luchado por esos derechos”, dijo Ramírez en la misiva.

La ex canciller mexicana y ahora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green (PRI), dijo estar dispuesta a integrar una misión que viaje a Cuba para constatar la situación que en derechos humanos prevalece en la isla.

El disidente Orlando Zapata murió el pasado 23 de febrero tras permanecer 85 días en huelga de hambre en una cárcel de la provincia de Holguín.

Green dijo que llegó el momento de que México tome una posición firme al respecto y pidió a la Cancillería que extienda a Cuba, “con firmeza”, la preocupación de los legisladores mexicanos.

De hecho, Cuba presionó con la carta al Senado para impedir que el tema llegara al pleno.