El Tribunal Supremo Electoral (TSE), había confirmado ayer unos 250 observadores internacionales entre empresarios, funcionarios electorales y ex presidentes de la República, quienes estarán llegando dos o tres días antes de las elecciones generales.

Solo la iniciativa privada hondureña gestionó la venida de representantes de 70 cámaras de comercio e industrias del mundo, lo que denota una nueva forma de observación internacional.

"Ya tenemos confirmada una cantidad aproximada a los 250 observadores internacionales de diferentes nacionalidades y de diferentes estatus de acuerdo a la organización", informó Carlos Chajtur, de la Unidad de Observación Internacional del TSE.

Los confirmados

Dentro de este bagaje de observadores internacionales ya confirmaron su presencia los ex presidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol; Vinicio Cerezo Arévalo, Roberto Carpio Nicolle y Alvaro Arzú, de Guatemala, quien es a la vez el actual alcalde de la capital guatemalteca. Además, vienen el ex presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez y de Perú, Alejandro Toledo.

El Partido Nacional invitó por su cuenta al ex presidente de México, Vicente Fox, y al de Bolivia, Jorge Fernando Quiroga, según informó el dirigente César Cáceres, pero aún no han confirmado su presencia. Chajtur dijo que ya están seguros de venir el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, James Creagan y Armando Valladares, ex representante norteamericano ante las Naciones Unidas.

Para presenciar los octavos comicios de carácter general se han apuntado, por ahora, unos siete ex funcionarios de países amigos y varios representantes de organismos electorales miembros del Protocolo de Quito.

Setenta países

Chajtur informó que los 250 observadores provienen de 70 diferentes países del mundo, aunque aclaró, que los mismos no tienen nada que ver con los gobiernos de esas mismas naciones.

El Centro Carter, del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, tampoco mandará observadores pero sí lo harán organizaciones vinculadas a este organismo, informó el funcionario del TSE.

Procedentes de Europa confirmaron su presencia las fundaciones alemanas Nauman y Conrad. El TSE ha establecido tres categorías de observadores: La A, que incluye a personas que vienen pagando todos sus gastos; la doble A, mediante la cual el visitante paga sus pasajes y el ente colegiado cubre sus gastos de estadía y la triple A, en la cual el TSE cubre todo.

Con el objetivo de establecer su posición y a su vez aclarar algunas especulaciones que circulan en la ciudad, la directiva comunal del partido Demócrata Cristiano de Los Sauces entregó su respaldo a las candidaturas del diputado Mario Venegas, a senador Tomás Jocelyn Holt y a presidente Eduardo Frei, a la vez de precisar que el ex diputado Edmundo Villouta ya no pertenece a éste partido y por tanto la candidatura de la hija de éste no tiene relación alguna con el partido ni la Concertación.

Señalamos que ésta es una situación lamentable, Edmundo Villouta por años fue un representante de nuestro partido, sin embargo, él de manera voluntaria decidió dar un paso al costado y entregar su respaldo a diputado a un candidato independiente que va en la lista de Marcos Enríquez Ominami y al mismo tiempo apoya a su hija que va en la lista de La Alianza por el cupo de la UDI y que apoya a Sebastián Piñera, por tanto bajo ningún parámetro él representa el sentir de nuestro partido, y hemos sentido la necesidad de clarificar esta situación, toda vez que el actuar del ex diputado en reiteradas ocasiones confunde al electorado, quien en muchos casos desconoce que él decidió después de tantos años de militancia DC seguir por un camino contrario, apoyando candidatos que van en las listas de los opositores de nuestro candidato a Presidente, por tanto, se hace necesario precisar esta situación.

En el mismo tenor el apoyo del partido y de sus militantes esta con los candidatos demócratas cristianos, los cuáles son el diputado Mario Venegas, el candidato a senador Tomás Jocelyn Holt, y el candidato a presidente Eduardo Frei.

José Ortega Espinoza
Presidente Comunal Los Sauces

Ramón Vilches Álvarez
Vice – Presidente
Eva Calderón Méndez
Secretaria General
Jared San Martín López
Tesorero

Los directivos de Copei en Anzoátegui, acudieron ante el CNE regional, donde entregaron un documento en el que solicitan se les dé información sobre el apoyo técnico y logístico o la viabilidad técnica y financiera del organismo, para efectuar las elecciones primarias de la oposición en este estado.

El presidente de la tolda verde, Leonardo Guzmán, explicó que se basan en el artículo 293 de la Constitución, para escoger la plataforma de candidatos unitarios de la oposición en las diferentes circunscripciones electorales y listas de partido a diputados a la Asamblea Nacional, bajo la garantía de que el referido proceso primario se realice en igualdad de condiciones, sin discriminación, respetando el derecho a postular y ser postulado y el derecho del elector independiente sin afiliación partidista y de los militantes de los partidos que suscriban el acuerdo de participación a elegir los candidatos bajo absolutas garantías de la integridad del sufragio.

Guzmán asistió acompañado por los directivos José Daniel Pérez, Ilvis Alemán, César Rivero y Moisés Carreño, para entregar la comunicación enviada a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, la cual fue recibida por el director regional, Edgar Mata.

El dirigente verde especificó que así como lo hizo Táchira, en Anzoátegui la oposición puede acudir a las urnas en unas primarias para seleccionar a los abanderados a los distintos cargos, con miras a los comicios del año que viene.

Edgar Mata, por su parte, dijo que enviará la misiva a los rectores del CNE, a los cuales les corresponderá decidir esta petición de apoyo para unas elecciones primarias.

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Ramón Velásquez Nazar, recalcó que, independientemente de lo que diga el ex presidente Manuel Zelaya, los diputados abordarán –no se sabe cuándo– el punto cinco del Acuerdo Tegucigalpa, sobre retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado anterior al 28 de junio.

“El Congreso Nacional debe pronunciarse sobre la legalidad de la restitución sí o no, independientemente de lo que él diga, porque de lo que se trata es del Estado hondureño, no del ciudadano Manuel Zelaya. Lo que importa es la legalidad y la seguridad jurídica que el Estado hondureño debe darle a todos sus ciudadanos”, aseveró.

Añadió que “independientemente de lo que él diga, desgraciadamente esa es la personalidad de Zelaya, está en un momento en un lado, luego en otro lado; no podemos nosotros atener las decisiones a personas en particular, se trata del Congreso que legisla para todos los hondureños, no para nadie en particular”.

A su criterio, el Acuerdo Tegucigalpa-San José está vivo, además resaltó que hay que considerar que es un acuerdo que es flexible, no está escrito en piedra, “la Comisión de Verificación se estableció en 24 horas después de lo que estableció el mismo documento y eso no significó que no se haya constituido la Comisión de Seguimiento”.

Señaló que “aquí hay imponderables que se van dando en el mismo documento y que hay que irlos adaptando a la realidad, pretender que esas cosas se den exactamente como están escritas, me parece que es equivocado, lo que hay que hacer es cumplir con el concepto que está planteado en el documento”.

“Por eso, el Congreso tiene que tomar esa decisión, el Congreso no puede dejar de cumplir con ese documento que se llama ahora Tegucigalpa- San José”.

El entrevistado recordó que “en la aplicación de esa solución del primer evento del 28 de junio se dio precisamente porque ya la situación era inaguantable en la sociedad hondureña; el segundo evento es programado para el 29 de noviembre y el tercero, es el programado para el 27 de enero del próximo año”.

A su juicio, el Acuerdo de San José que posteriormente se transforma en el Acuerdo Tegucigalpa-San José es la búsqueda de soluciones para resolver los problemas que en realidad quedaron resueltos el 28 de junio.

En ese sentido, recordó que en el Congreso Nacional fue aprobada por unanimidad, el pasado 15 de octubre, una moción dándole respaldo a lo que pudiera salir de las comisiones negociadoras y, además, obligándose a cumplir lo que dijera el documento.

O sea que los diputados conocerán en el pleno lo que señala el Acuerdo San José, que es el punto cinco sobre retrotraer a su estado antes del 28 de junio la titularidad del Poder Ejecutivo.

“De tal manera que ahora el Congreso sólo está siguiendo lo que está establecido en el numeral cinco de ese documento y es que debe consultar a las instituciones del Estado y se señala particularmente la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

Aunque también “se deja en libertad al Congreso Nacional de seguir las consultas con otras instituciones, además no se le puede establecer ningún plazo, de forma que el Congreso ha dicho que cuando se reciban esas opiniones, el Congreso hará consideración de este asunto”.

Velásquez Nazar manifestó que “ahora que Zelaya dice que ya no le interesa, que ya no quiere, no cambia, no varía la situación del Congreso, no hay que olvidar que se trata de un poder del Estado que no puede estar actuando irresponsablemente o en línea de lo que pueda estar opinando cualquier hondureño, se trata de un poder del Estado que debe cumplir con sus obligaciones, con sus compromisos, y con las decisiones que adopta”.

En este momento la Junta Directiva del Congreso está esperando “esas opiniones y, en mi opinión, el Congreso tiene que someter el asunto a discusión”, expresó el vicepresidente del Legislativo.

La comitiva que se conformó en la Corte Suprema de Justicia podría emitir su opinión mañana, mientras que ayer en la Secretaría del Congreso esperaban la respuesta de la Procuraduría General de la República.

“Y en algún momento a través de los medios se dijo que la Corte no iba a opinar sobre este asunto, si ese fuera el caso, entonces eso será la opinión de la Corte, eso es lo que el Congreso está esperando, la documentación necesaria para poder tomar la decisión”, advirtió el legislador.

El proceso electoral que tendrá su epicentro este 29 de noviembre está moviendo unas 250 mil personas, la mayoría temporales, que recibirán un estipendio del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A este gran contingente humano se le suman, aunque no por ello ganando un salario, los actores directos de la jornada electoral, alrededor de 14,500 candidatos que representan a cinco instituciones políticas y 14 candidaturas independientes que se disputarán los 2,896 cargos de elección popular.

Al menos que las renuncias por la crisis política sean realmente masivas, disminuiría dramáticamente el número de políticos inscritos para participar en esta histórica y polémica fiesta electoral.

La organización

El TSE, creado en mayo de 2004 tras las reformas que sufrió la Ley Electoral, es el rector de este proceso. Está conformada por tres magistrados: David Matamoros, Saúl Escobar y Enrique Ortez Sequeira y un suplente, Denis Gómez.

Todos tienen militancia política porque, aparte de ser nombrados por el Congreso Nacional, han tenido protagonismo en sus respectivos partidos pero actúan como magistrados independientes, según lo ordena la Ley.

Hay, según el organigrama de la institución, un secretario general, cargo que desempeña Alejandro Martínez, un departamento jurídico conformado por Juan Carlos Hernández, Félix Martínez y Rafael Canales; y uno técnico, coordinado por Gerardo Martínez y Erasmo Henríquez.

El departamento financiero es dirigido por Darío Valladares; Comunicaciones a cargo de Roberto Reyes y Protocolo conducido por Waleska Zelaya.

La División Electoral es la responsable de la ejecución del proceso. Está dirigida por Carlos Humberto Romero, que cuenta con el apoyo de subdirectores adjuntos, como Roberto Callejas, responsable del Almacén Electoral y Sigfrido Zepeda, coordinador de la transmisión de resultados y del escrutinio general.

Siete grandes proyectos representan el eje central de este proceso electoral, desde la óptica del TSE: La administración de la maleta electoral, el censo nacional y voto domiciliario, documentos electorales, imagen institucional y divulgaciones electorales, transmisión de resultados electorales preliminares y escrutinio, capacitación electoral y observación nacional e internacional.

Los magistrados tienen individualmente a su cargo la vigilancia y el cuidado de que estos proyectos marchen sin problemas, sin desmedro de su responsabilidad de impartir justicia electoral que puede ser por unanimidad de votos o por mayoría.

Temporales y permanentes

En total, son 140 empleados permanentes los que laboran para la institución electoral, todos dedicados al proceso, pero hay otros 9,735 contratados temporalmente.

De estos, 600 están en proyectos; 2,086 conforman los tribunales municipales; 126 los departamentales; 5,575 operan como custodios de centros de votación; 54 custodios departamentales; 894 custodios municipales y 400 que laboran en la transmisión de resultados electorales preliminares.

El ente colegiado cuenta también con siete empleados temporales extranjeros que laboran como asesores técnicos y consultores en diferentes proyectos.

Los empleados temporales en su mayoría gana el salario mínimo. Todos estos empleados trabajan en un solo horario de 8:30 de la mañana a 11:00 de la noche, incluyendo los fines de semana. Pero hay otras secciones, como las imprentas y la bodega electoral, donde se trabaja las 24 horas.

Si bien los observadores extranjeros no son empleados, el TSE incurre en gastos porque les paga, a gran parte de ellos, los pasajes más los gastos de estadía en Honduras.

A estos trabajadores se suman 153 mil representantes de mesas electorales (propietarios y suplentes), que también están catalogados como empleados porque ganarán un salario de 500 lempiras cada uno (solo el día de la votación) lo que significará para la institución electoral una erogación de 76 millones de lempiras.

Si hubiese participado la candidatura independiente de Carlos H. Reyes el costo de mesas hubiera rondado los 90 millones. No obstante, el resto de candidaturas independientes, 14 en total, sí tendrán representación en los municipios donde se postulan.

No se pueden quedar atrás 17 mil efectivos de las Fuerzas Armadas 16 mil policías y los empleados asignados a la seguridad privada cuyo costo al frente del proceso lo absorbe la institución castrense en base a un fondo de 28 millones que le asignó el TSE.

Ni la Policía, ni el Tribunal, han revelado el monto asignado a esta institución de seguridad para ejecutar el operativo tendiente a poner orden antes y durante las elecciones.

Este proceso le cuesta al pueblo hondureño alrededor de 600 millones de lempiras, de los cuales 118 millones fueron destinados para que el Registro Nacional de las Personas, identificara a casi un millón de hondureños.

A este costo hay que agregarle la deuda política que se le paga a los partidos. Esta vez y debido a la crisis política que atraviesa Honduras, la ayuda extranjera se redujo a la mínima expresión.

Democracia hondureña, de las más caras de América Latina

Los partidos políticos recibieron este año 35 millones de lempiras como adelanto de un 60 por ciento de la deuda política que por ley les corresponde.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece que cada institución política recibirá veinte lempiras por cada voto obtenido en la última elección general más siete por concepto de transporte.

Los fondos debieron haberse entregado el 12 de junio, 15 días después de la convocatoria a elecciones pero debido a que la Secretaría de Finanzas no remitió el presupuesto al Congreso Nacional, fue imposible cumplir con este compromiso.

En base a los resultados obtenidos por los institutos políticos en las elecciones generales de 2005, el Estado les entregará alrededor de 63.8 millones de los cuales ya se les adelantó más de la mitad.

El 40 por ciento restante se liquidará en marzo del próximo año, cuatro meses después de los comicios.

El Partido Liberal, con Elvin Santos a la cabeza, fue el que mayor cantidad de dinero recibió en concepto de deuda política. Según las fuentes consultadas, le toca a este partido 26.9 millones por haber obtenido en los comicios de 2005 un total 999,006 votos. En ese sentido, se le dio un anticipo de 16.1 millones.

El Partido Nacional, que fue beneficiado con 925,243 sufragios, recibirá 24.9 millones de los cuales se le adelantaron 14.9 millones.

Si a los partidos pequeños se les aplicara el concepto de 27 lempiras por cada voto, no recibirían ni un millón. Previendo esta situación la Ley dice que "ningún partido político podrá recibir menos del quince por ciento de la suma asignada al Partido Político que obtenga el mayor número total de sufragios". En ese sentido, a Unificación Democrática, el Partido Innovación y Unidad (Pinu) y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras se les dio un anticipo de 2.4 millones de un total de cuatro que recibirán. Pero la deuda política no es suficiente, los partidos ponen un complemento.

El candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei insistió en que este debate presidencial de Anatel dejó en clarto que el abanderado de la derecha Sebastián Piñera no ha resuelto su divergencia entre negocios y política.

“Lo importante del debate es que Sebastián Piñera una vez más no ha resuelto el tema de la política y los negocios. No resolvió el problema antes de la elección presidencial”, dijo en la conferencia de prensa una vez finalizado el debate de Anatel.

En cuanto al acuerdo planteado por el candidato de la izquierda Jorge Arrate, Frei dijo que “ no soy opinólogo ni comentarista”.

En tal sentido, insistió en que estará en la papeleta en la segunda vuelta “y a partir de 13 de diciembre tomaremos las opciones” correspondientes.

Consultado por los dichos de MEO respecto a que votar por Jorge Arrte y apoyarlo a él es lo mismo, Frei optó por recordar que preguntó durante el debate al diputado díscolo si en un balotaje estará con la Concertación y la derecha, y éste no respondió.

Al retirarse, Frei hizo el gesto del 4 en la nariz, mostrándose distendido tras este último debate de cara a la elección del 13 de diciembre.

Como una actuación irresponsable y riesgosa para el país, fue calificada este lunes por Raúl Bravo, presidente regional de Copei, la obsesión del primer mandatario nacional por entablar una guerra contra Colombia, solo para tratar de ocultar su incapacidad gerencial, así como para justificar el evidente despilfarro de dinero orientado hacia el sector militar, cuando el país necesita la inversión en otras áreas de mayor importancia.

Con este pronunciamiento indicó Raúl Bravo lo que se busca no es otra cosa que hacer un llamado de atención a la sociedad en general, sobre los riesgos que vendría corriendo el país, debido a los constantes llamados del Presidente Hugo Chávez, a alistarse en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, para sostener un encuentro bélico con el vecino país de Colombia, sin tomar en cuenta las desventajas que este tipo de acción traería al país, no sólo en la parte territorial, sino además en el área del desarrollo económico.

Estas consideraciones, destacó el militante de la tolda verde, no estarían sustentadas en hipótesis, sino más bien en hechos puntuales como el de la ventaja que tendría Colombia en la zona occidental y sur del país para el ingreso de sus tropas, debido a la falta de verdaderos mecanismos de restricción en esas zonas, ante lo cual los resultados más posibles serían la pérdida en un día de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, así como Bolívar y Amazonas.

Consecuencias Comerciales

A estas posibilidades continuó Bravo, deben sumársele otros hechos igual de preocupantes como el de la exclusión que viene sufriendo Venezuela, en lo que se refiere a su intento de ingreso a Mercosur; básicamente debido a la incurrencia de Chávez en estos llamados a la guerra de manera unilateral, cuando los mismos son rechazados por esta organización, aspecto este que señaló le vendría costando la simpatía de presidentes como el de Brasil.

Por esto culminó Raúl Bravo, llamando a la sociedad civil a no prestarse a un mecanismo presidencial que busca ocultar la incapacidad gerencial y administrativa de un gobierno que durante 10 años sólo ha empobrecido al país, gracias a la corrupción galopante; al tiempo que se comprometió a seguir trabajando en aras del rescate de la gobernabilidad en Venezuela, asegurando que para ello sostendrán una serie de encuentros con los representantes de oposición, además el inicio de una gira regional desde el viernes y hasta el domingo, por los municipios Piar, Roscio, El Callao, Gran Sabana y Sifontes.