El diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional Víctor –Ito- Bisonó, declaró hoy su oposición a la disposición administrativa del gobierno de disponer el cobro por adelantado del ITBIS, por considerar que implica una carga que afecta la competitividad del sector empresarial dominicano y una violación a la Ley No. 397-07 de Competitividad e Innovación industrial.

Bisonó deploró el daño que le hace el Gobierno al clima de inversiones en la República Dominicana al violar de manera deliberada las disposiciones que forman parte de las reglas de juego para los sectores productivos, así como los compromisos que al respecto han asumido el sector empresarial y el gobierno “esta situación de inestabilidad en la política tributaria del gobierno dominicano no contribuye en nada al clima de seguridad jurídica que debe imperar en un país donde se quiera promover las inversiones nacionales y extranjeras” -dijo- .

Advirtió que esta disposición arbitraría es susceptible de ser recurrida por la vía judicial mediante una acción de amparo como la dispuesta en el artículo 72 de la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero del 2010, ya que es una violación flagrante a la Ley No. 392-07, la cual se concibió como iniciativa del propio gobierno para elevar los niveles de competitividad interna y externa de nuestra producción nacional, agobiada por la falta de seguridad ciudadana, el difícil acceso al crédito, los costos de la seguridad social, así como los altos costos de la energía eléctrica.

Como alternativa a esta situación, el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) expresó que el gobierno y el sector empresarial dominicano junto con los demás sectores que interactúan en la vida social y política del país, deberían abocarse a la discusión de un pacto fiscal que permita una reestructuración del aparato tributario dominicano para hacerlo mas equitativo y eficiente, orientado a la promoción de la competitividad nacional, la estabilidad de las recaudaciones tributarias, y que propicie la seguridad jurídica de las inversiones.