Oswaldo Álvarez Paz, una de las figuras más emblemáticas del partido demócrata cristiano de Venezuela, ex candidato a la presidencia de la República (1993) y ex gobernador del occidental estado Zulia (1990-1993), se convirtió la madrugada de ayer, hora española, en el preso político número 29 del Gobierno de Hugo Chávez.

La Fiscalía venezolana imputó al dirigente político, ahora en el pequeño partido de centroderecha Alianza Popular, los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa. El primero de ellos puede ser sancionado hasta con 16 años de prisión. 

Álvarez había afirmado el 8 de marzo en un programa de la televisión opositora Globovisión que el Gobierno de Hugo Chávez había promovido nexos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA, además de dictar cursos de táctica militar, en cuarteles del Ejército venezolano, a miembros de ambos grupos terroristas, lo que despertó, inmediatamente, las iras de Chávez. Sus declaraciones tuvieron lugar en momentos en los que el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco hacía público un expediente sobre el asunto.

En un discurso posterior, el jefe de Estado venezolano llamó a la Fiscalía y a los tribunales «a actuar», señalando que «tales acusaciones no se pueden permitir», aunque aclaró que él «no mete preso a nadie».

Álvarez Paz permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), policía política, en espera de su audiencia de presentación, que fue diferida ayer ante el tribunal 25 de Control de Caracas. Fue atrapado en su residencia, al este de la capital, luego de advertir que no se iría del país tras las amenazas del presidente de la República.

La fiscala que lleva la causa contra el dirigente político, Ginera Rodríguez, es una de las consideradas de confianza y ha llevado también el caso contra un periodista del estado de Carabobo, Leocenis García, que lleva tres años detenido a la espera de juicio.

El movimiento opositor venezolano se solidarizó con Álvarez. «Es una violación de la Constitución, así como un intento de promover el miedo y la autocensura», señaló en un comunicado la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a los partidos opositores. El actual gobernador de Zulia, Pablo Pérez, lo calificó como «una cortina de humo para ocultar que van a perder las elecciones parlamentarias» en septiembre.

Según datos proporcionados por las oenegés de derechos humanos de Venezuela, con Álvarez ya son 29 las personas que pueden ser consideradas presos políticos o castigados por delitos de opinión.