El secretario general de Copei Partido Popular en el estado Portuguesa, Héctor Lameda, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad sobre la "Ley sobre Minerales no Metálicos del estado Portuguesa" por considerar inconstitucional el instrumento legal.

"Esta lucha tiene varios meses, ya se logró en la etapa previa a su aprobación eliminar el cobro de un aberrante impuesto minero a los bloqueros", indicó. 

"De igual forma, se logró frenar el cobro del impuesto a los camioneros y volqueteros y la supresión de la habilitación discrecional al gobernador para fijar los tributos mineros". 

"Quedó la conformación de una ley expropiatoria y confiscatoria que utiliza como medio de participación del Estado los recursos naturales referidos a este ley como son los yacimientos". Qué según el artículo 12 de la Constitución no son del dominio del Estado sino de la República y son además inalienables e imprescriptibles. 

A nuestro modo de ver el Consejo Legislativo y la Gobernación del estado Portuguesa se extralimitaron en sus funciones en cuanto a la aprobación y promulgación de esta Ley. 

Lameda denuncia la intención del gobierno de atacar de nuevo al sector privado del país, con la Ley sobre minerales no metálicos debido a que se promulgó una norma confiscatoria y expropiatoria. 

Explicó el integrante de la tolda verde, que en la mencionada norma "se reservan para el Estado todas las actividades mineras, y sólo se contempla la posibilidad de empresas mixtas en las cuales el sector privado podrá tener hasta un cuarenta por ciento de participación y sin control alguno sobre las decisiones que se tomen". 

Lameda consideró grave que "el gobernador del estado promueve la creación de una empresa socialista minera para monopolizar el sector de los minerales no metálicos, especialmente de las arenas". 

"Ellos quieren hacer esta empresa socialista donde el 60 por ciento que pone el estado son cuerpos de agua, laderas, planicies, que son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles, lo cual es absurdo, porque no aporta maquinaria, equipos, sedes ni otra inversión", advirtió. 

Alertó el ex diputado Consejo Legislativo de Portuguesa al resto de los estados del país sobre la posibilidad de que "este Ley se propague a todas las regiones, sobre todo tomando en cuenta las declaraciones del Presidente de la República, cuando aseguró que aspiraba "echarle mano" a las areneras venezolanas".