El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de Conatel, se ha dirigido informal e ilegalmente a los servicios de difusión por suscripción para solicitarles que se excluya la señal de RCTV internacional de su oferta a los suscriptores venezolanos si, en el criterio del Gobierno, nuestro canal incurre en infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Esa conducta de Conatel es absolutamente ilegal puesto que, si el Gobierno considera que RCTV Internacional ha cometido alguna infracción, lo que procede es abrir un procedimiento administrativo al canal, dándole la oportunidad a RCTV Internacional de ejercer su derecho a la defensa, como lo ordena y garantiza la Constitución.

Sin seguir el procedimiento legal correspondiente, Conatel no tiene potestad alguna para dar esa orden a los servicios de difusión por suscripción. Así, el Gobierno los presiona indebidamente para que tomen decisiones ajenas a sus responsabilidades, con el propósito de enturbiar las relaciones entre esas empresas y sus suscriptores.

De esta manera, el Gobierno no asume su responsabilidad, escudándose de manera reprochable en los servicios de televisión por suscripción, violando así nuevamente la Constitución y la Ley.