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MEXICO. Senadores del PAN y PVEM respaldan el decreto presidencial

Editor Noticiero DC |

En la tribuna del Senado, únicamente las bancadas del PAN y del PVEM defendieron abiertamente la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro.

El PRI asumió una postura ambigua, mientras que el resto de las bancadas, PRD, PT, Convergencia y la única senadora de Nueva Alianza, condenaron el decreto presidencial y manifestaron su preocupación por lo que consideraron una violación a las garantías de los trabajadores.

El senador del PAN Rubén Camarillo Ortega afirmó que los legisladores de su partido “apoyamos y acompañaremos de manera firme la decisión tomada por el presidente Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro”.

El país, dijo, requiere decisiones con visión de largo plazo y no la complacencia de la coyuntura bajo presiones y chantajes.

Camarillo Ortega, quien es secretario de la Comisión de Energía, enfatizó: “No podemos pedirles a los ciudadanos de este país un mayor esfuerzo o sacrificios adicionales si en su estructura (del gobierno) se conservan empresas ineficientes e incapaces de modernizarse”.

Por su parte, el senador del PRI Ricardo Pacheco Rodríguez indicó que quienes sostienen que el decreto es violatorio de la Constitución y quienes opinan lo contrario están en su derecho de acudir al Poder Judicial.

Al parecer, dijo, la liquidación de LyFC fue una decisión tomada con base en información contundente sobre ineficiencias que padecía la empresa, sobre todo en la prestación de servicios y en lo que se llama un suministro de subsidios de más de 40 mil millones de pesos anuales.

La senadora del PRD Claudia Corichi García señaló que su partido no está de acuerdo con la decisión del jefe del Ejecutivo, “y menos con que eche a la calle a 45 mil trabajadores en medio del deterioro de la economía con datos de desempleo nunca antes vistos”.

Una vez más se ha equivocado el Ejecutivo federal con estas acciones. Queda en claro que se debe trabajar para hacer más eficiente la administración y el

suministro de la energía eléctrica, pero lo que no se vale es que se tomen medidas tan abruptas como las que se tomaron, remarcó.

En tanto, el coordinador del PT, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que el decreto de extinción “constituye, sin duda, un asalto a la Constitución y a la legislación laboral en este país”.

Fue y es un atraco que el gobierno federal ha propiciado al SME, evidenciando una vez más las perversas intenciones de utilizar la fuerza laboral para su beneficio, dañando sólo a las organizaciones que no le son serviciales e incondicionales, aseveró.

El senador del PVEM Manuel Velasco justificó la desaparición de la empresa con el argumento de que los directivos presentaron recientemente un diagnóstico sobre su realidad financiera y operativa, que refleja que son más los problemas que tiene que los beneficios del servicio.

Aseguró que, según ese diagnóstico, las zonas críticas de operación se incrementaron de 22 a 24 en los últimos 12 meses, y por falta de infraestructura y de energía se ha tenido que dejar sin servicio a 927 grandes clientes.

La senadora del Panal, Irma Martínez Manríquez, consideró que la decisión del Ejecutivo “resulta ser la menos idónea de cara a la actual crisis económica, ya que no sólo no se han instrumentado políticas de Estado para la protección y defensa del empleo, sino que se está liquidando a un gran número de trabajadores, bajo el argumento de un mayor eficientismo (sic)”.