El Partido Acción Nacional denunció públicamente que el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, miembro del blanquiazul, busca favorecer a la Confederación de Trabajadores de México (PRI) con dos predios municipales que la organización tricolor pagaría al 50 por ciento de su costo total.

Víctor Fuentes, coordinador de los diputados del PAN, y su correligionario Martín López hicieron la denuncia, y advirtieron sobre un intento del edil panista de ayudar a la CTM en una acción que se convertiría en desfalco al patrimonio de Monterrey.

La Confederación adquirió céntricos terrenos en los que se ubicaban dos viejos cines, conocidos como Monterrey y Reforma, para reubicar en esos lugares a comerciantes ambulantes adheridos a su organización. Pagarían los cetemistas nueve millones 75 mil pesos, por lo que adelantaron un millón.

Del adeudo de ocho millones de pesos existe la sospecha de que el cabildo de Monterrey, a unos días de concluir la administración regiomontana, le haga un descuento de 50 por ciento, es decir, de cuatro millones de pesos.

El legislador Martín López dijo que, de resultar cierta la sospecha, puede darse un daño al erario municipal con el descuento de 50 por ciento al saldo del adeudo que tiene la CTM por la compra de los dos predios.

Si la central obrera le da otro uso a los predios, tras haberlos adquirido a menor costo, el precio de éstos podría oscilar entre los 12 y 18 millones de pesos por su ubicación, de acuerdo con cálculos de la Asociación Mexicana de Inmobiliarios.

“Hicimos un cálculo con la Asociación de Bienes Raíces y si lo pusieran en el precio más bajo sería alrededor de 12 millones de pesos y el más alto de 18 millones de pesos”, dijo.

El coordinador albiazul, Víctor Fuentes, destacó que si se le da otro fin a los terrenos después de la venta puede haber un claro desfalco al municipio.

La operación con el cabildo regio se espera que sea el viernes próximo, por lo que los diputados del PAN están a la expectativa para actuar en contra de su correligionario y fincar responsabilidad penal como servidor público.