El portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Partido Popular Europeo, Jaime Mayor Oreja, acudirá a la manifestación convocada en Madrid para el próximo domingo, 7 de marzo, contra la nueva Ley del Aborto, una norma que ha considerado "un disparate y una aberración".

Mayor Oreja ha opinado en una nota que la aprobación de esta ley significa "el mayor retroceso en el ámbito moral en el terreno de los valores, desde el momento en que el aborto se considera un derecho".

El eurodiputado del PP ha estimado que, como la nueva norma es "un disparate y una aberración", ahora más que nunca hay que apostar por la movilización para que España pueda rectificar en este terreno.

"El hecho de que tengamos hoy una ley a favor del aborto en modo alguno significa que dejemos de esforzarnos y movilizarnos contra esta nueva realidad", ha indicado Mayor Oreja, quien ha destacado la importancia de que el próximo domingo acuda el mayor número de personas posible a la manifestación contra la interrupción voluntaria del embarazo.

La Comisión Revisora del Código Penal del Congreso peruano rechazó este martes la propuesta del Ministerio de Justicia de dejar a un lado el proyecto de despenalización del aborto en caso de violación o cuando haya graves malformaciones del feto, al tiempo que se negaron a realizar un debate nacional para discutir este polémico asunto.

Aunque el Congreso aprobó en 1990 despenalizar el aborto en estos supuestos, el actual presidente peruano, Alan García, rechazó finalmente firmar la ley en su primer mandato (1985-1990).

Seis votos frente a cinco y una abstención

La propuesta del Ministerio de Justicia fue rechazada por seis diputados frente a cinco, y sólo hubo una abstención, la de la representante del Defensor del Pueblo, Gisella Vignolo, quien propuso realizar un debate nacional, iniciativa que tampoco prosperó.

Tras lamentar que la Comisión Revisora del Código Penal haya rechazado la reconsideración para dejar de lado la despenalización del aborto eugenésico y por violación sexual, el congresista y vicepresidente del PPC, Juan Carlos Eguren, afirmó que dicha agrupación se mantendrá firme en la defensa de la vida.

"La Comisión Revisora del Código Penal insiste en modificar la legislación vigente que vulnera claramente no sólo el ordenamiento constitucional sobre la irrestricta defensa de la vida desde el momento de la concepción, sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos -deenunció Eguren-, lo que resulta un retroceso en nuestra posición como Estado que defiende el derecho a la vida de manera absoluta".

En tal sentido, Eguren afirmó que "el Partido Popular Cristiano fiel a sus principios y tal como lo ha hecho desde el inicio del debate de la despenalización del aborto, se mantendrá firme en la defensa del derecho a la vida y se opondrá a esa iniciativa de reforma legal tanto en el debate público como el parlamentario".

Las conclusiones de los diputados serán enviadas en diciembre al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, según informó el titular de la comisión revisora, Carlos Torres Caro. "El presidente del Congreso decidirá si lo envía al pleno, a la Comisión de Justicia o a otra instancia", subrayó.

Entre tanto, cientos de personas tomaron las calles cercanas al Congreso, en el centro de Lima, para manifestar a favor y en contra de la propuesta parlamentaria; el caos generando obligó a la Policía Nacional a intervenir lanzando gases lacrimógenos.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que esta semana pedirá mediante enmienda la retirada de la ley del aborto para que "sea devuelta al Gobierno y no se tramite". El dirigente popular, durante una conferencia de prensa celebrada en Grazalema (Cádiz), ha asegurado que la manifestación de ayer en Madrid contra la nueva ley significa que "no hay necesidad" de ella.

Rajoy, quien ha calificado de "éxito" la protesta de los autodenominados grupos provida a la que acudieron destacados dirigentes y ex dirigentes de su partido, ha dicho que "como quedó claro" en la marcha "cada vida importa". En este sentido, ha recordado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que su "obligación es escuchar a la gente", "dejar la soberbia" y "hacer caso a las miles de personas que pidieron la retirada del anteproyecto".

"El sábado había mucha gente que le estaba diciendo a Rodríguez Zapatero que hay que unir y no hay que dividir", ha reiterado el jefe de la oposición, quien ha insistido en los argumentos de que la reforma de la ley "no es necesaria" y "divide a la gente".

Duran pide respeto

La marcha de ayer también ha sido aprovechada por el presidente de Unió Democràtica de Catalunya y portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, para pedir al Ejecutivo que "escuche" opiniones distintas y que reflexione sobre la nueva ley. En opinión del pólítico democristiano, la de ayer fue "una manifestación de cientos de miles de personas que hay que respetar y el Gobierno debe entender sus razones", especialmente cuando se trata de una ley "compleja, que afecta a muchos ámbitos éticos y morales".

Por ello, Duran ha instado al Gobierno de Zapatero a "corregir" algunos aspectos en el trámite parlamentario, ya que, según ha asegurado, la interrupción voluntaria del embarazo está "por encima de cualquier otro derecho, en contra de la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional". "Como padre tengo que dar permiso a mi hija para que se vaya de vacaciones si no tiene 18 años, en cambio no tengo nada que decir si mi hija quiere abortar", ha añadido el diputado, quien ha llegado a calificar el nuevo texto de "inadmisible".

Respecto a la actual legislación sobre el aborto, el dirigente de Unió ha recordado que su formación no estuvo de acuerdo con ella cuando se aprobó, aunque ha reconocido que pasado un tiempo, "tenía cierto consenso social". Duran también ha cuestionado la necesidad de modificar la ley en vigor para introducir "un debate que divide a la sociedad y distrae de los problemas que tiene el país".

"Un pueblo que mata a sus hijos es un pueblo sin futuro". Con esta contundencia se expresó ayer la Conferencia Episcopal contra el proyecto de ley del aborto y de salud sexual aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. ¿Habrá cardenales y obispos en la manifestación convocada en Madrid, el próximo día 17, contra esa propuesta legal del Gobierno socialista? Todo indica que sí, aunque el portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, jesuita y obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco, no despejó la duda cuando dio cuenta, en conferencia de prensa, de lo acordado por la Comisión Permanente de la jerarquía católica, reunida desde el pasado martes. A esta comisión pertenece lo más granado del episcopado, incluidos los cardenales Rouco (Madrid), Carlos Amigo (Sevilla) y Lluis Martínez Sistach (Barcelona), y una docena de arzobispos.

"Entre las iniciativas para la defensa del derecho a la vida y para la justa promoción de la maternidad, numerosas asociaciones han llamado a los ciudadanos a expresarse en favor de estos fines con una manifestación. Los obispos consideran legítima y conveniente tal convocatoria, para expresar su desacuerdo con la ley proyectada, que supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común", dice el comunicado oficial de la reunión.

El proyecto aprobado por el Gobierno Zapatero tendrá el máximo rango legal cuando se publique en el BOE con el título de "Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". Se trata de una reforma de la actual despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, promovida por el Ejecutivo de Felipe González en 1983 y avalada por el Tribunal Constitucional en 1985. También entonces pusieron los prelados el grito en el cielo. Pero nunca pidieron la derogación a los Gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004, pese al carácter democristiano del PP y su declarada afinidad con la actual jerarquía católica en España.

"Esta ley es todavía más injusta que la anterior, ya de por sí injusta", lamentó ayer el obispo portavoz. Pese a la contundencia de sus execraciones, Martínez Camino dijo que lamentaría que el diálogo con el Ejecutivo socialista se enfriase. "Esperamos que la defensa de la vida no sea obstáculo del diálogo con nadie", afirmó. Presumió, además, de que en esta batalla "los obispos no actúan con cálculos de oportunidad política" y que no están solos "en la defensa de la vida humana". "El aborto es una cuestión religiosa, pero no sólo. No hace falta ser creyente para oponerse al aborto, pero es que somos creyentes", remachó.

El portavoz episcopal aprovechó la ocasión para arremeter de nuevo contra la ley que legalizó en 2005 el matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquella ocasión, varios obispos, encabezados por el cardenal Rouco, salieron a la calle en manifestación. Como entonces, los obispos ven, detrás de las iniciativas legislativas del Gobierno Zapatero, una intención de "cambiar la mentalidad" del pueblo español. En definitiva, tienen la percepción de asistir a un paso más hacia lo que Roma ha tachado de "fundamentalismo laicista", y su probable contagio al resto de los países europeos.

El Presidente del Partido Demócrata Cristiano de la República Argentina, Dr. Carlos Lionel Traboulsi, volvió a manifestar su más enérgico rechazo a la despenalización del aborto en el país, luego de las declaraciones en tal sentido efectuadas por jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de Diputados Nacionales y de marchas efectuadas por distintos grupos pro-abortistas en los últimos días.

El Presidente de la Democracia Cristiana ratificó que "la ideología demócrata-cristiana defiende la vida humana en toda su extensión, desde su concepción hasta la muerte natural, y en tal sentido deben legislar los Diputados y los Senadores Nacionales y Provinciales, protegiendo a los seres más indefensos de nuestra sociedad que son el niño y la niña por nacer, buscando condiciones de vida dignas para las mujeres, y su protección, para que no se vean obligadas a cometer un terrible crimen que luego llevarán de por vida en sus conciencias, lo que les provocará un grave daño físico, moral, psíquico y espiritual", sentenció Traboulsi.