La Dirección Nacional de COPEI Partido Popular expresa su más enérgica protesta y condena por la arbitraria detención de Oswaldo Álvarez Paz, quien ha sido uno de los más importantes dirigentes de la democracia cristiana venezolana. Como Diputado, Gobernador del Zulia, candidato presidencial y dirigente nacional, Álvarez Paz ha demostrado valentía, probidad y rectitud.

El gobierno nacional, utilizando una vez más sus instituciones secuestradas, pretende silenciar la crítica y la denuncia de aquellos que no pensamos igual a éste. El actual régimen considera un delito opinar. Sólo la cobardía de un gobierno que se sabe caído justifica una actuación de esta naturaleza.

Las acusaciones contra Oswaldo Álvarez Paz carecen de lógica jurídica y son completamente absurdas. Sus afirmaciones en un programa de televisión, lejos de constituir un delito, constituyen un alerta a las autoridades venezolanas para que investiguen gravísimas situaciones que se vienen presentando en nuestro país.

En nada se diferencian sus aseveraciones a las realizadas por el Presidente de la República cuando acusó a la oposición de tener vínculos con paramilitares.

Exigimos a las autoridades respeto a los derechos constitucionales de Oswaldo Álvarez Paz, el debido tratamiento y lo hacemos responsable por lo que le pueda ocurrir.

Reiteramos a su esposa, hijos y demás familiares nuestras más sinceras palabras de solidaridad en estos momentos, a la vez de que hacemos votos para que esta situación se resuelva lo antes posible.

·        Falange agradeció el esfuerzo y compromiso del senador en la campaña presidencial

La Directiva nacional de la Democracia Cristiana se reunió este lunes con el senador y ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle.

El presidente de la DC, diputado Juan Carlos Latorre, comentó que “hemos recibido al senador Eduardo Frei como mesa de la Democracia Cristiana para manifestarle nuestro reconocimiento, cariño y gratitud por su dedicación, trabajo y esfuerzo personal como candidato presidencial de la Concertación”.

El timonel DC aprovechó de reconocer a Frei por su aporte a la campaña parlamentaria del partido “también le agradecimos lo que significó para nuestro partido y nuestros candidatos el fortalecimiento de la representación parlamentaria de la Democracia Cristiana”.

En cuanto al trabajo futuro, Latorre explicó que “lo hemos invitado para que fortalezca el trabajo del partido en su calidad de senador y  por su liderazgo a nivel nacional como ex presidente y ex candidato. Hemos conversado sobre tareas futuras en las que esperamos él pueda ayudar con su prestigio y su talento”.

El senador Eduardo Frei agradeció la invitación a la reunión de mesa y planteó que lo importante es la reconstrucción “tanto el partido como la Concertación deben trabajar mirando el interés de las personas afectadas, para eso necesitamos las definiciones del Gobierno en materia de impuestos y medidas. Hasta ahora solo tenemos opiniones, no ha llegado ningún proyecto al Congreso. Yo voy a asumir mi trabajo en las comisiones de Obras Públicas y Hacienda y voy a colaborar en el comité de reconstrucción de mi partido y de la Concertación. Esto requiere un esfuerzo de país y lo más importante es ayudar a los afectados”.

Consultado por la demora en la venta de empresas de Sebastián Piñera, el senador Frei dijo “ese fue un tema recurrente en la campaña que no ha sido resuelto. Y no solamente en este caso, hay muchos casos donde hay conflictos de interés, desgraciadamente no se han dado los lineamientos para separar los negocios de la política”. Sobre la injerencia del terremoto en la postergación de la venta de Lan dijo “es un chiste”.

 La Organización Demócrata Cristiana de América hace un llamado a los gobernantes de la región a pronunciarse con claridad sobre la situación política impuesta por el régimen castrista al pueblo de Cuba. Éste no es un momento para indefiniciones, eufemismos o falsa diplomacia. La gravedad de los padecimientos del pueblo cubano hace indispensable que el debate político latinoamericano avance sobre la base de la verdad.

Situaciones tan condenables como el fallecimiento de Orlando Zapata, la represión a Las Damas de Blanco y el deterioro de la salud de Guillermo Fariñas seguirán sucediendo mientras el Estado cubano no abra espacios democráticos, transparentes y respetuosos para ejercer los derechos políticos.

Por ello, el silencio de la comunidad internacional sólo puede conducir al mantenimiento de un status quo lesivo de los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano.

Con base en los acuerdos tomados por sus partidos en la Declaración de Costa Rica el 14 de Marzo del 2008, la ODCA reitera su compromiso con apoyar las causas democráticas del pueblo cubano sin interferir jamás con la soberanía de la isla.

Aunque es necesario condenar enérgicamente las violaciones a los derechos humanos, sería reprobable que cualquier gobernante extranjero interviniera directamente en Cuba o impusiera sanciones unilaterales que atentaran contra los derechos humanos.

Reiteramos la permanente disposición de los partidos de la democracia cristiana a dialogar con el Estado Cubano, pues por encima de nuestras diferencias ideológicas podemos encontrar coincidencias que nos permitan trabajar conjuntamente por el bienestar de los habitantes de la isla. Por esta razón es que solicitamos, una vez más, que se permita ingresar a la isla una delegación de la Organización Demócrata Cristiana de América para facilitar un dialogo de reconciliación entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil.

En vista de la muerte inminente de Guillermo Fariñas —como resultado de su huelga de alimentos y líquidos— y de los huelguistas que le sucederán, solicitamos que el gobierno cubano en gesto humanitario ponga en libertad a los 26 presos políticos que se encuentran en estado grave de salud. De tomarse esta medida humanitaria por parte del gobierno cubano se preservará la vida de los huelguistas.

Estamos entregando copia de este documento a las autoridades cubanas en la Ciudad México, a fin de que la transmitan a la cancillería de Cuba, y quedamos en espera de la respuesta a estas peticiones.

Mientras los jefes de estado de América Latina y El Caribe estaban reunidos en Acapulco, México, un albañil de 42 años, Orlando Zapata, uno de los más de 200 presos políticos que hay en Cuba, fallecía después de una prolongada huelga de hambre de 85 días. Su único delito: pedir que lo trataran como un "preso de conciencia" como se lo había reconocido ya Amnistía Internacional.

Inicialmente fue condenado a tres años de prisión. Pero por sus insistentes peticiones y denuncias de tortura, le fueron ampliando su condena hasta llegar a los 36 años. En esta misma época se condenaron a más 75 periodistas y activistas de derechos humanos a un promedio de 20 años cada uno.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se bajó del avión en La Habana con la noticia recién difundida en el mundo entero. No se reunió con los grupos de derechos humanos ni dio declaraciones contundentes, fuera de un "lo lamento profundamente". El líder disidente cubano, Oswaldo Payá, afirmó en forma vehemente que "el gobierno de Lula nunca tuvo una palabra de solidaridad con los movimientos de derechos humanos en Cuba, ha sido un verdadero cómplice con las violaciones de derechos humanos".

Los Jefes de Estado de América Latina y El Caribe no se han manifestado, después de haber tenido a Raúl Castro como un interlocutor más en la Conferencia de Acapulco.

El presidente de turno de la Unión Europea, el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención en la Sala de los Derechos Humanos de la ONU, con motivo del IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Ginebra, apenas hizo una breve alusión a la muerte de Orlando Zapata en Cuba. Solamente después, al ver la presión internacional, Zapatero afirmó que la UE está a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y exige a Cuba la libertad de los presos de conciencia.

Lo que ha pasado en Cuba es una voz de alerta para países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua que están siguiendo sus pasos; y para otros países con tendencias al establecimiento de regímenes autoritarios, tanto de izquierda como de derecha.

Todos estos países, con excepción de Cuba, tienen gobernantes que llegaron al poder por el voto popular, presentándose como líderes carismáticos fuertes, capaces de llevar bienestar al pueblo. Pero una vez estando en el poder:

--Golpean, de manera sistemática, todas las instituciones que no se pliegan a su voluntad: los medios de comunicación, los sindicatos, el sector empresarial, la Iglesia... y someten a su arbitrio a los demás poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Electoral, el Congreso...

--Mantienen posiciones aparentemente nacionalistas y definitivamente antiimperialistas, creando paradójicamente, al interior de su propio país, un régimen autocrático.

--Manejan a su antojo los fondos del Estado con una actitud paternalista, controlando toda la actividad económica del país y pauperizando cada vez más a la población.

--Crean grupos civiles de choque que atemorizan a la ciudadanía, especialmente a los inconformes y a quienes manifiestan opiniones diferentes a la posición oficial.

--Le dan preponderancia al Ejército, concediéndoles grandes beneficios económicos, lo mismo que prerrogativas en el ejercicio del poder político y dotándolos de un avanzado armamento.

Afortunadamente los pueblos están tomando conciencia de esta situación y cada día crece la voluntad de los ciudadanos por la defensa y promoción de la dignidad humana, fundamento de la sociedad. Hombres y mujeres de toda raza, nacionalidad, religión o ideología, debemos unirnos para defender la vida, a fin de que todos nuestros pueblos tengan vida plena.

Entre el 1 y 14 de marzo, las empresas en el país han desvinculado a 6.111 personas haciendo uso del numeral sexto del artículo 159 del Código del Trabajo, norma que permite despedir trabajadores por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, sin derecho a indemnizaciones.

Para llenar el vacío legal que ha permitido estos masivos despidos post terremoto,  la bancada de diputados DC ingresará mañana un proyecto de ley que acota las circunstancias, asegurando que “aquí no sirven los dictámenes e interpretaciones, tenemos que cambiar la ley a la brevedad y con urgencia”.

El proyecto será ingresado por los jefes de bancada, diputados Patricio Vallespin y Gabriel Silber, y los diputados integrantes de la comisión de Trabajo, Carolina Goic, René saffirio y Sergio Aguiló.

·        Oposición también cuestionó ausencia de un plan de reconstrucción concreto para las zonas afectadas por el terremoto

Como un problema para los intereses del país calificaron los partidos de la Concertación el retraso en la venta de la acciones de LAN y Chilevisión por parte del Presidente de la República Sebastián Piñera.

Para el bloque opositor el conflicto de interés que se produce al mezclar actividades públicas con negocios es preocupante. El diputado Juan Carlos Latorre, vocero de la Concertación manifestó que “este es un tema que no sólo dice relación con algo que el Presidente no ha sabido resolver en lo relativo a sus vínculos con Lan, Chilevisión y otra cantidad de negocios en los que participa. Esto es extensivo a otras autoridades como ministros, subsecretarios e intendentes, cuyo perfil empresarial es una característica que no nos merece discusión, pero si nos preocupa como resuelven sus conflictos de interés con la participación que tenían hasta hace unas semanas en negocios que muchas veces tienen como contraparte al Estado chileno. El terremoto no justifica que no se haya resuelto definitivamente la venta de las acciones de Lan y lo que suceda respecto de Chilevisión y una serie de otros negocios en los cuales los que hoy día gobiernan son muy activos”.

En cuanto al plan de reconstrucción, el bloque opositor fue criticó por la demora que ha habido en esta materia, el diputado Latorre manifestó que “para nosotros uno de los temas centrales de preocupación en este momento es la forma como el gobierno esta abordando la reconstrucción, observamos que no existe un plan concreto sino iniciativas dispersas. Además se ha puesto especial énfasis en los costos de los daños y nuestra apreciación es que recursos para enfrentar esto existen”.

El vocero de la Concertación dijo también que se agrava esta situación por la falta de nombramientos en distintos cargos “es necesario saber quienes serán las personas que van a asumir en el actual gobierno las tareas de reconstrucción en cada una de las regiones y áreas sectoriales afectadas. Consideramos que no existe consecuencia entre lo dicho y lo que está ocurriendo. Se dijo que había equipos para asumir la conducción de esta nueva visión de gobernar pero en la práctica todos los días vemos ausencia de nombramientos, o en algunos casos, nombramientos improvisados que son puestos en tela de juicio”.

Otro punto que destacó el diputado Latorre es la persecución que existe hacia algunos funcionarios elegidos por alta dirección pública en regiones “en las zonas afectadas por la catástrofe hay persecución a funcionarios que accedieron a sus cargos por concurso de la alta dirección pública. Están siendo sacados de sus cargos y perseguidos a pesar de haber sido elegidos por sus capacidades técnicas que no se asocian a lo que entendemos como responsabilidad política”

En cuanto al trabajo interno de la Concertación en las labores de reconstrucción, hoy fue nombrado un equipo que integran Andrés Palma y Renán Fuentealba, por la DC; José Pérez y Fernando Meza, por el PRSD; Patricio Hales y Álvaro García por el PPD; y José Roa y  Carlos Montes por el PS.

Este grupo tendrá a su cargo elaborar el plan de reconstrucción de la Concertación y ser contraparte con el Gobierno. Juan Carlos Latorre manifestó que “ellos coordinarán el esfuerzo de nuestros partidos en esta materia. Elaboraran propuestas, criterios y un cronograma para llevar adelante esta tarea. Este proceso debe ser una oportunidad de participación de todas las organizaciones que representan a la sociedad civil, a los pescaderos artesanales, el comercio, los pequeños emprendedores y las áreas productivas afectadas. Vamos a velar para que se garantice la participación de estas personas e instituciones”.

El Sub Secretario Nacional de COPEI Partido Popular, Alejandro Vivas, pidió al gobierno ofrecer las evidencias de la vinculación que existiría de factores democráticos del país con el paramilitarismo y en consecuencia con los altos niveles de inseguridad.

En respuesta a la acusación formulada en su programa dominical por el Presidente de la República, sobre los nexos que tendrían sectores de la oposición con paramilitares, Vivas emplazó a Chávez a mostrar las pruebas. “Son acusaciones muy serias y en vista de que nosotros no apelamos a las vías violentas para concretar nuestros objetivos, somos los primeros interesados en saber si hay gente que adversa al gobierno en esta práctica”, dijo.

El alto dirigente del partido verde aseveró que de ser cierto que los paramilitares son los responsables de la violencia en Venezuela, estaríamos hablando de una invasión, debido a los múltiples casos que se registran en todo el territorio. “Es asombroso que el primer mandatario responsabilice a todo el mundo, a factores externos, y no a la incapacidad de su gobierno, como hemos visto que ha pasado con los temas de la electricidad, el agua y la inseguridad”, fustigó.

Cree que además de la inexistencia de políticas públicas eficientes dirigidas a atacar la inseguridad en el país, el alto índice de impunidad atribuible al sistema judicial, son los principales factores que impulsan la criminalidad.

“Dígale usted, Presidente, a los familiares de las cuarenta y un personas fallecidas en ingresadas a la morgue de Bello Monte este fin de semana, que los responsables son los paramilitares, con nombre y apellido, para que se sepa quiénes están detrás de eso, así como hay que darle respuesta a los dolientes de los cerca de 18 mil víctimas de homicidio que según informaciones se registraron el año pasado”, instó el Sub Secretario Nacional de COPEI, quien recordó que es el Estado el encargado del resguardo de nuestras fronteras y el responsable de garantizar la vida de los ciudadanos.

Aseguró Vivas que en el caso de existir pruebas irrefutables de la existencia de vínculos con paramilitares, todos los sectores democráticos del país están dispuestos a participare en la lucha y condena de tan deplorable práctica, al lado del gobierno. “No somos nosotros los que recurrimos a la violencia, nuestro único plan está en los votos, la Unidad de todos los sectores para lograr la victoria el 26 de septiembre en las elecciones parlamentarias”.

En este sentido informó que antes de Semana Santa se oficializarán nuevos anuncios sobre las candidaturas de la Mesa de Unidad Democrática, en los casos previstos para concertar acuerdos y así avanzar en el cumplimiento del compromiso de anunciar la plataforma unitaria a más tardar el 30 de abril.

POR Oswaldo Álvarez Paz

No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno. El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.

Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar él o los delitos. Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos. Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta. En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc. Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación. Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.

Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población. La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso. Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra. Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.