El PAN recuperó de manera definitiva Cuajimalpa y Miguel Hidalgo luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo por unanimidad las resoluciones de las autoridades electorales capitalinas. En el caso de Cuajimalpa, los magistrados establecieron que tanto el Instituto Electoral del DF así como el Tribunal Electoral del DF violaron “los principios de legalidad, seguridad jurídica al modificar el tema y condiciones de la investigación a un procedimiento no autorizado por la legislación electoral local”.
“La autoridad administrativa realizó actuaciones sobre temas diferentes a la materia de investigación; tal es el caso de que al momento de notificar al partido denunciado, solicitó sin justificación legal... el informe ordinario de campaña, así como la documentación.
“Tampoco se respetaron los plazos establecidos para la presentación del informe ordinario de gastos de campaña, así como por requerir información no prevista. Es indebida su admisión y valoración por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización”, indica la resolución del Tribunal federal.
Además, se subrayó que las pruebas presentadas por el PRD “no se encontraban dirigidas a demostrar su denuncia, sino que se referían a hechos distintos, tales como la entrega de propaganda electoral y utilitaria en los actos de campaña de Carlos Orvañanos y su cierre de campaña”.
Los magistrados de dicha sala requirieron solamente de un par de horas para ratificar los triunfos obtenidos en los comicios del 5 de julio por Carlos Orvañanos en Cuajimalpa y Demetrio Sodi Miguel Hidalgo, luego de que el TEDF había anulado los comicios en ambas demarcaciones porque “se habían excedido en sus gastos de topes de campaña”.
Durante la sesión, un puñado de manifestantes del PRD se apostaron frente al inmueble de la Sala Regional, ubicado en Periférico Sur, para lanzar tibias consignas en favor de su candidato en Cuajimalpa, pero terminaron por retirarse cuando se presentaron unos 70 simpatizantes del ahora delegado electo del PAN en esa demarcación. Los seguidores de Ana Guevara, aspirante del PRD a Miguel Hidalgo, no se presentaron en el lugar.
Entrevista a Sodi no fue propaganda
En el caso de Sodi de la Tijera, el magistrado ponente, Roberto Martínez, subrayó que “no nos corresponde pronunciarnos sobre el contenido de la entrevista o si se trata o no de propagan electoral, porque eso ya lo resolvió la Sala Superior del TEPJF”.
Los magistrados apoyaron la tesis de que la difusión de dicha entrevista no tenía características de propaganda “porque no se demostró que fuera contabilizable, además de que no tenía que contabilizarse como donación porque no se demostró que existiera un contrato de intercambio de servicio”.
“No se acreditó la existencia de una contravención a la norma que prohíbe la adquisición de ese tiempo-aire. No puedo contemplar como gasto de campaña la contratación de tiempo en radio y televisión, porque se trata de una conducta prohibida; sólo lo puedo hacer si esa prohibición se viola o resulta violada”, enfatizó el magistrado Martínez.
La Sala Regional del DF retomó la tesis asumida del IFE que había decidido no sancionar al candidato del blanquiazul porque no consideró como propaganda la trasmisión de una entrevista con Sodi de la Tijera durante un partido de futbol en mayo pasado.
Por ello, se echó abajo la resolución del TEDF del pasado 7 de septiembre para declarar inválida la elección del panista, ya que el magistrado enfatizó que “no hay mayores elementos en el procedimiento seguido por el Tribunal del DF que los que tuvo a la vista la Sala Superior del TEPJF... Esto, en el momento en que resuelve y se pronuncia sobre si trataba de propaganda electoral y que después sobre si existía violación a la norma”.
“En principio, no está admitida esa posibilidad de contabilizar como gasto de campaña el generado por la contratación de tiempo en radio y televisión, simple y sencillamente porque no está permitido jurídicamente efectuar esos contratos”, apuntó Martínez.
Tras las sentencias de la Sala Regional del TEPJF del DF, tanto Orvañanos como Sodi de la Tijera rendirán protesta el 1 de octubre ante el pleno de la Asamblea Legislativa, junto con el resto de los 14 delegados electos, tras haberse resuelto otras impugnaciones en la Sala Regional del Distrito Federal, como en las delegaciones Coyoacán y Milpa Alta, sin que hubiera cambios en los resultados.
El secretario de profesionales y técnicos de COPEI Carabobo, Wilfredo Feo Krischke, denunció este lunes que luego de 10 años de gobierno del Presidente Hugo Chávez, “La violencia que vivimos a diario los venezolanos forma parte de la concepción de gobierno del régimen del Presidente Hugo Chávez”.
Feo Krischke considera que el hecho de que más de nueve ministros hayan pasado por el ministerio de relaciones interiores y justicia “demuestra el fracaso de políticas en materia de seguridad y atención penitenciaria. Como consecuencia de esto, Caracas es considerada la ciudad más peligrosas de Suramérica, con una tasa de homicidios que se aproxima a los 160 homicidios por cada 100.000 habitantes, según una investigación realizada recientemente por la revista Foreign Policy”.
En lo relativo al tema carcelario, el secretario de profesionales y técnicos de COPEI agregó, “En los centros penitenciarios de Venezuela, las muertes alcanzan cifras alarmantes de 20 reclusos fallecidos por cada 1000, cifras escandalosas y que han originado medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para proteger la vida de los ciudadanos privados de libertad en Venezuela”.
Se agrava situación
Wilfredo Feo, considera que el gobierno agrava la situación de violencia y de inseguridad. La represión de las protestas que desarrollan los estudiantes, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y la ciudadanía en general; debe ser considerada como una forma de patentizar la violencia como una política de Estado.
Esta represión ha originado en los últimos años la detención de 440 ciudadanos de acuerdo al informe de PROVEA. Estos ciudadanos son puestos tras las rejas, violando su derecho a ser juzgados en libertad y a la presunción de inocencia, lo que demuestra el talante de este gobierno hacia todos aquellos que tilda de enemigos.
La Asamblea Revisora de la Constitución rechazó anoche una propuesta que otorgaría la nacionalidad dominicana a miles de ciudadanos hijos de padres extranjeros que hayan ingresado al país por convenios o contratos agrícolas.También redujo los derechos de los ciudadanos, rechazó incluir en la Constitución el cuatro por ciento para la educación y aprobó los artículos referentes a la garantía a los derechos fundamentales del ciudadano, en los cuales se consagra el hábeas data, el hábeas corpus y la acción de amparo.
La propuesta para amnistiar a los hijos de extranjeros es de la autoría del diputado Frank Martínez, presidente de la Comisión de Verificación, quien al defenderla en la sesión, alegó que lo que se pretendía era que no se cometiera injusticia con dominicanos de origen extranjeros, a quienes se les niega la nacionalidad.
Refirió muchos casos en su provincia natal, La Romana, donde dijo que a los hijos de inmigrantes haitianos se les quiere negar la nacionalidad, pese a que muchos son hasta profesionales.
Sin embargo, al someter la propuesta a votación, fue rechazada con 132 sufragios en contra y 20 a favor.
El primero en rechazarla fue el asambleísta Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, quien sometió un informe disidente al artículo numeral ocho del informe rendido por la Comisión de Verificación y donde planteaban sus consideraciones sobre quienes podrían adquirir a la nacionalidad dominicana. Ese informe, sin embargo, también fue rechazado. Luego los partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, a través de sus voceros, pidieron que se aprobara el informe de la comisión, exceptuando el numeral ocho.
Lo mismo opinó el presidente de la Asamblea, Reinaldo Pared Pérez, quien recordó que el tema de la nacionalidad formaba parte de los puntos acordados por Miguel Vargas y Leonel Fernández. Consideró además que el informe rendido mejora lo aprobado en primera lectura, ya que incluirá una combinación entre el jus soli y el jus sanguinis.
El numeral rechazado decía: “Los hijos e hijas de padres extranjeros que estén debidamente inscritos en el Registro Civil Dominicano podrán adquirir la nacionalidad dominicana, siempre que sus padres hayan ingresado al territorio nacional amparados en convenios o contratos para labores agrícolas”. El artículo tal y como fue sancionado por los asambleístas es el siguiente:
Artículo 18 (46).- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: 1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;
4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas.
Los trabajos temporales de mejoramiento vial ayudarán a crear empleo en las principales ciudades del país. Los nuevos puestos de trabajo serán temporales y se crearán en las cinco principales ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Santa Rosa de Copán.
También se pueden generar 5 mil empleos rurales en las zonas adyacentes al Valle del Aguán, la zona fronteriza con la República de El Salvador y la zona fronteriza con Nicaragua.
Estos proyectos a desarrollar están dirigidos a la reforestación, generación de energía, protección y conservación de zonas de recarga hidráulica de microcuencas abastecedoras de agua potable para comunidades con más de 500 habitantes.
Según el vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Názar, esta iniciativa beneficiaría a miles de hondureños que no cuentan con un puesto laboral.
El legislador democratacristiano considera necesario que las autoridades del Cohep, agilicen el envío del proyecto de ley para que el pleno lo discuta y lo apruebe lo antes posible.
Por su parte el subsecretario de Trabajo, Obdulio Chévez, manifestó que las personas que obtengan un empleo temporal gozarán de los beneficios laborales establecidos en el Código del Trabajo, y expresó que la ocupación tendrá una duración de tres a seis meses.
Entre el cuarto trimestre del 2008 y el primer semestre del presente año han sido despedidas a unas 180,000 personas, con lo que se viene a engrosar las largas filas de desempleados en el país.
Eduardo Frei, visita este miércoles Calama en medio de deslealtades políticas en la DC de la zona
Confirmada para este miércoles quedó la presencia del abanderado presidencial de la Concertación, Senador Eduardo Frei Ruiz Tagle en Calama, según informó el Presidente Provincial de la Democracia Cristiana, Guido Maturana.
El dirigente señaló que se organizó un acto público para oficializar el respaldo de los partidos de la Concertación a la candidatura presidencial del ex mandatario, en el Teatro Municipal a las 20 horas.
Maturana indicó que para esta actividad también se contará con la actuación del cantante nacional José Alfredo Fuentes, quien deleitará a los presentes con un conocido repertorio musical.
Caso Ruth Olivares
En otro ámbito, el presidente de la democracia cristiana de El Loa, Guido Maturana expresó desconocimiento del apoyo de la actual concejal Ruth Olivares a las candidaturas parlamentarias y presidencial de la Coalición por el Cambio, apuntando que sólo se enteró por medios de prensa de la participación de la aludida en el acto de proclamación descrito. Maturana expresó que en las próximas horas habrá reunión de las directivas de la colectividad de la falange, para analizar los últimos acontecimientos y futuras acciones. Transcendió, no obstante que la concejal sería expulsada en las próximas horas de la Democracia Cristiana
Fortalecer el rol de los trabajadores. Ésa es laapuesta que comprometió ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, como uno de los ejes fundamentales de su gobierno, de resultar elegido para dirigir La Moneda.
Así lo aseguró ayer el abanderado oficialista al participar en el homenaje que se rindió al ex sindicalista y diputado Manuel Bustos -al cumplirse 10 años de su fallecimiento-, en el Auditorio Don Bosco, en una ceremonia que contó con la participación de dirigentes políticos y sociales.
Tal como afirmó el 18 de agosto, durante el encuentro con las máximas autoridades de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Frei reafirmó que una de las prioridades de su eventual administración será la creación de más empleos y relaciones laborales equilibradas, lo que implica -explicó- trabajos con remuneración digna, protección social, previsión y salud.
Afinando su puntería hacia una reforma laboral, Frei insistió en que “el Código del Trabajo actual no está pensado para establecer relaciones de colaboración y apoyo mutuo entre empresarios y trabajadores”, ya que -a su juicio- “obstaculiza la organización de los trabajadores y el ejercicio de los derechos colectivos del trabajo”, por lo que se mostró dispuesto a producir cambios en esta área.
En ese contexto, el abanderado oficialista advirtió sobre la necesidad de aumentar la sindicalización, ampliar los temas de la negociación y afirmó que el derecho a huelga es “parte esencial del proceso negociador”.
Asimismo, el ex Presidente asumió que es imperioso acordar un “nuevo régimen gremial” y de relaciones laborales para los empleados públicos y apeló a la creación de “un marco regulador” para que la población no se vea perjudicada por paralizaciones sin aviso -y algunas veces sin justificación-, transformándose en rehén de poderosos grupos corporativos.
De acuerdo con el senador por la Región de los Ríos, el combate al desempleo será también una de las prioridades de su eventual gobierno, por lo que prometió reforzar el seguro de cesantía y planteó la posibilidad de rediscutir sobre la estabilidad laboral, destacando que las indemnizaciones tienen un problema de cobertura.
En ese sentido, el abanderado concertacionista aseguró que se debe encarar dicho problema “respetando los derechos adquiridos, manteniendo el principio de que tenga un costo despedir a los trabajadores, fomentando los contratos a plazo indefinido y fortaleciendo en este contexto -y sólo en este contexto- el seguro de cesantía”.
Respecto de los despidos masivos, el ex Mandatario dijo que si las empresas se ven obligadas a ello, deben comunicarlo oportunamente y asumir compromisos respecto de los trabajadores destituidos.
Asimismo, destacó que promoverá un Estatuto del Temporero, porque “resulta intolerable que aún persistan situaciones degradantes e indignas hacia estos trabajadores, muchas veces mujeres” y se comprometió a dar poder a los trabajadores para decidir su capacitación, argumentando que no es posible seguir con la “poca transparencia de las OTIC”.
“No puede ser que el empleador tenga todo el poder en la decisión sobre qué y dónde capacitar. Debemos transitar a un modelo donde el trabajador también pueda decidir capacitarse para aumentar su productividad tanto dentro como fuera de la empresa”, afirmó Frei.
El abanderado oficialista planteó además la necesidad de perfeccionar la figura del defensor laboral.
En este contexto, Frei se mostró esperanzado en “poder llevar a la práctica todas estas iniciativas” durante su eventual administración como una especie de homenaje a Manuel Bustos. Además, planteó la necesidad de realizar una gran reforma a la Constitución.
En todo caso, el equipo del presidenciable de la Concertación ya trabaja en la elabooración de un proyecto de reforma laboral que presentaría en marzo en caso de llegar a La Moneda.
Cuestión de equidad La necesidad de disminuir la inequidad en la relación empleado-empleador y con ello, mejorar los derechos de los trabajadores ha sido un largo anhelo de la Concertación. De hecho, el oficialismo planteó el tema en 1999 cuando se enfrentaban por la Presidencia de la República Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. La Alianza, como era de esperar, rechazó la reforma al Código del Trabajo. Hoy, diez años después, el tema vuelve al tapete. No sólo porque las reformas laborales sean uno de los ejes del programa del gobierno de Eduardo Frei, sino que también porque la Conferencia Episcopal ha advertido la necesidad de mejorar las condiciones del mundo laboral “aquí y ahora”. Es que es de toda justicia que se termine, entre otros aspectos, con abusos como los múltiples RUT con que operan algunas empresas, lo que impide la formación de sindicatos o bien, el reemplazo de trabajadores en huelga. Se debe potenciar la capacidad negociadora de los trabajadores en pos de conseguir un relación menos asimétrica. |
Eso sí, siempre con la condición de que la formación de Rodríguez Zapatero se someta también a la pertinente auditoría sobre el origen de sus ingresos.
Por supuesto, el partido de Ferraz no aceptará la propuesta, ya que, como anticipó a las pocas horas su secretario general en Valencia, Jorge Alarte, no tienen interés en soluciones constructivas.
De hecho, para tratar de embarrar un poco más el panorama, hoy mismo pedirán en las Cortes autonómicas la disolución de la Cámara y la «inmediata» convocatoria de elecciones anticipadas. Además, exigirá al líder regional, Francisco Camps y al resto de implicados en el caso de tráfico de influencias que presenten su renuncia y no se presenten como candidatos en los próximos comicios autonómicos, lo que, a juicio de los socialistas, supondría un «ejercicio de regeneración democrática y limpieza de la vida pública».
De forma paralela a esa pugna con los socialistas, el PP también se afana para esclarecer qué tienen de cierto las informaciones que se hacen eco de un supuesto informe policial que recoge pagos ilegales de la trama dirigida por Francisco Correa al partido conservador.
Así, el propio Mariano Rajoy, que reiteró tener «mucha confianza» en Camps, le emplazó a hacer «un esfuerzo» para «explicar bien» a los ciudadanos lo que ha ocurrido. En tal sentido, el líder conservador lamentó que los responsables valencianos del partido están en una «situación diabólica» por tener que «demostrar su inocencia cuando nadie le está acusando».
Conducta inadmisible. En la misma línea, la número dos popular, María Dolores Cospedal, proclamó que no es «admisible», en un Estado de Derecho, el informe policial que supuestamente implica a cargos conservadores valencianos se haya «elevado a la categoría de condena».
No obstante, la manchega se mostró convencida de que sus compañeros de la región mediterránea «actuarán convenientemente en este asunto, como hacen siempre», es decir, según precisó acto seguido, «de manera libre y contundente».
Como su jefe, la secretaria general expresó su confianza «sin plazos» ni «condiciones» en la actuación de Camps.
Interrogada con respecto a si el PP nacional tiene intención de abrir una investigación interna para tratar de verificar el mencionado informe, De Cospedal recalcó que son los tribunales «los que tienen que comprobar la autenticidad», y recordó que «en dos ocasiones» el Tribunal Superior de Valencia no ha estimado ese documento.
Precisamente para solucionar ese detalle, la Fiscalía, últimamente en tela de juicio por su sumisión al Gobierno, informó de que ultima el recurso contra la decisión de la instancia regional de archivar la parte del sumario del caso Gürtel que afecta a Camps y que cuestionaba la legitimidad de los regalos -sobre todo prendas de vestir- que el líder regional recibió de la trama de Correa.
Tales pormenores, y otros muchos más, aunque solo los relacionados con la rama madrileña del caso, podrán por fin conocerse mañana mismo, al menos si la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, está en lo cierto y, tal como pronosticó ayer durante una entrevista, se levanta finalmente el secreto que pesa sobre el conjunto del sumario.
«Parece ser, confío, porque me lo ha dicho a mí el Fiscal General del Estado, en que se levante el secreto del sumario. El día 30 vamos a saber exactamente de qué se acusa y a quién, que es lo que todos queremos saber».
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