Frente a la falsa información sobre la supuesta integración de un comando de campaña integrado de COPEI Partido Popular aclaramos lo siguiente:

El equipo 100 % Copeyanos no negocia principios. No participamos ni participaremos en ningún comando integrado con quienes asaltaron a nuestro Partido. Con quienes hicieron el mayor fraude electoral conocido en la historia de cualquier partido político e incluso, de la vida política nacional. Con quienes simularon una elección de autoridades para arrebatarle al pueblo copeyano su derecho a elegir a sus autoridades. Ni tampoco con quienes se prestaron para eso. No reconocemos ni reconoceremos autoridades o interlocutores producto del fraude.

Nuestros principios y nuestros valores no son negociables y menos con quienes carecen de éstos. Pensaron que podían asaltar a nuestra organización sin que esto tuviera consecuencias. Y hoy están desesperados porque el Partido no los reconoce. No podemos reclamar transparencia en las elecciones y hacer lo contrario dentro de nuestro Partido.

COPEI está profundamente fracturado, la situación en la cual nos han colocado las instituciones secuestradas del chavismo han generado dentro de nuestra organización el más categórico rechazo. La inmensa mayoría de copeyanas y copeyanos de todo el país sabemos quienes son nuestros verdaderos representantes en toda Venezuela.

Entendemos la importancia de la unidad de los venezolanos para superar la grave crisis que atravesamos, el país ha sido testigo del esfuerzo que hemos hecho desde COPEI para promover la unidad en el pasado inmediato. Pero la unidad no puede ser excusa para olvidar las malas actuaciones de quienes se amparan en ella para actuar inmoralmente, como en la peor época de la cuarta república.
Venezuela necesita salir de este gobierno, pero no puede volver al pasado. Aquí no vale ni siquiera el "taparse la nariz con un pañuelo".

Estamos al lado de los candidatos de la UNIDAD y no descansaremos en esta lucha para salvar la Democracia. Los copeyanos y el país cuentan con nosotros. Ratificamos nuestro compromiso con la defensa del voto de la unidad democrática y la operación "Voto Seguro".

Luis Ignacio Planas

Presidente Nacional

Luis Carlos Solórzano

Secretario General Nacional

Comando Político Nacional

100 % Copeyanos:

Ruben Figueroa

Secretario general COPEI Nueva Esparta

Régulo Flex

Presidente COPEI Vargas

Eduardo Solano

Secretario General COPEI Aragua

Giomar Ojeda

Secretario General COPEI Yaracuy

José Gregorio Marcano

Secretario General COPEI Monagas

Rodolfo Espinoza

Presidente COPEI Delta Amacuro

Luis Montilla

Presidente COPEI Mérida

Ibis Alemán

Secretaria General COPEI Anzoátegui

José Luis Peña

Presidente COPEI Falcón

Víctor Hugo Piña

Secretario General COPEI Lara

Nerio Romero

Secretario General COPEI Zulia

Francisco Betancourt

Secretario General COPEI Barinas

Yamil Tovar

Presidente COPEI Caracas

Ezequiel Rojas

Secretario General COPEI Guárico

Comando Operativo Nacional

100 % Copeyanos:

Orlando Daal

Vicepresidente Nacional

Víctor Cedeño

Secretario Nacional de Organización

Eduardo Valero

Dirección Nacional

Juan Daniel Tapia

Secretario Juvenil Nacional

Carlos Behrends

Dirección Nacional

Freddy Torres

Vicepresidente COPEI Caracas

En el marco de un encuentro entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la bancada del Partido Conservador, el senador de esa colectividad Efraín Cepeda comentó que el Presidente fue claro en decir que "no nombrará Comisionado de paz hasta que las Farc den señales de paz".

"El presidente Santos, expresó que por ahora no se iba a nombrar Comisionado de paz. Él quería ver que los grupos insurgentes tuvieran una demostración de querer la paz mediante la liberación de secuestrados y el cese el fuego y que, por ahora, mientras no haya muestras de paz, no iba a nombrar al Alto comisionado", reveló el senador Cepeda.

En la reunión se discuten algunos temas de la agenda legislativa que el Gobierno tiene planeado tramitar en los próximos días ante el Congreso.

El presidente Felipe Calderón aseguró que es un “creyente” y “pleno defensor” de los derechos humanos, pero tampoco puede pensarse que las Fuerzas Armadas derroten a “un enemigo inescrupuloso y asesino” con una mano atada a la espalda.

Además aseguró que el día que todos los gobernantes cumplan su responsabilidad con la seguridad, se resolverá el problema en México. “Yo jamás he eludido mi responsabilidad, porque no fui educado para eso”, dijo el Presidente al advertir: “que nadie más se lave las manos” ante ese reto.

Garantizó que lejos de desear el retiro del Ejército, en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Michoacán, las familias piden a gritos que el gobierno federal mande más fuerza federal. “Lo que sí, es que no podemos tampoco estar por un parte pensando que se puede enfrentar eficazmente a los criminales, y por la otra, mandando a los soldados, a los marinos o a los policías Federales con una mano amarrada a la espalda a combatir a los criminales”.

Al delinear a los diputados del PAN entre sus prioridades legislativas la Ley de Seguridad Nacional, Calderón afirmó que “no es cierto que están fuera del marco legal” las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia porque, dijo, la Constitución les confiere responsabilidades para salvaguardar la seguridad interior.

Lo que se necesita, señaló, es precisar en la ley los límites claros “para que no le quede duda a nadie” y que esté “apegadísima a las garantías individuales y a los derechos humanos”.

Al advertir “que nadie se equivoque”, porque él defendió a sus compañeros de atentados contra los derechos humanos en Yucatán y Chiapas, y aludiendo a los fraudes electorales denunciados por Luis H. Álvarez en Chihuahua y Rodolfo Elizondo en Durango, el Presidente pidió certidumbre para quienes “hoy se están jugando la vida por defender a nuestras familias”.

Al participar en la plenaria de los diputados de su partido, el titular del Ejecutivo se lanzó contra los “desinformados o malintencionados” que aseguran que la violencia se originó por haber enfrentado a los delincuentes; “es un gran absurdo”, dijo.

Dijo que el problema con el crimen se deriva de la “tradición oral” del viejo régimen de no meterse con los delincuentes a quienes poco a poco se les dejó pasar como alguien a quien se le ofreció un lugar en la cochera “y luego, te los encuentras poniéndose tus trajes, en tú clóset. Hasta que, finalmente, llegaron a tú recamara y, entonces, vienes y me dices: Presidente ayúdame a sacarlos”, aludiendo a un funcionario que llegó a pedirle apoyo del Ejército.

Calderón también dejó claro que en los Diálogos por la Seguridad llamó a refrendar el acuerdo fundamental. “¿O alguien opina que el Estado no debe combatir a los criminales?, que lo diga de una vez”, preguntó, y señaló que mientras ha escuchado que algunos califican la estrategia del gobierno federal de equivocada, en el análisis que realizó con diversos actores, encontró coincidencias.

De paso cuestionó: “¿Quién está librando la batalla contra la criminalidad y cómo? 33 mil policías federales en el país”, mientras hay 440 mil elementos en las corporaciones estatales y municipales y “si no todos, por lo menos la mitad de esos policías estatales o municipales tuvieran elementos de confiabilidad y fortaleza, hace rato que hubiéramos, verdaderamente, finiquitado este tema”, aseguró.

Parafraseando al gobernador José Guadalupe Osuna, cuando aseguró que lo que ocurre en Baja California es su responsabilidad, pidió a los diputados no permitir que se diga que el problema del crimen organizado no compete a las autoridades locales porque mientras se siga diciendo que es un problema del Presidente “para eludir la responsabilidad propia, México seguirá corriendo un enorme peligro”.

Al hablar del proyecto de 32 policías con mando estatal, también alertó de “no dejar el corral en manos de las zorras, ¿por qué razón?, ¿qué pasa si una policía estatal ya está penetrada por los criminales?”, cuestionó.

- Claves

Peticiones al PAN

• El presidente pidió a sus diputados buscar la aprobación de la reformas laboral, educativa, política, de competencia y telecomunicaciones

• Centró como prioridades de la agenda la seguridad democrática, pero también generar condiciones de gobernabilidad democrática para 2012 en materia electoral, porque en las pasadas elecciones pesaron poderosos recursos

• Luego de que la priista Beatriz Paredes hablara de federalismo como el centro del problema de seguridad, el Presidente dijo que ese federalismo debe rendir cuentas y evitar desviación de recursos para campañas políticas

El ex presidente italiano Francesco Cossiga, quien debió enfrentar una ola de terrorismo interno en las décadas del 70 y 80 pero que renunció al no poder salvar la vida de un político secuestrado por el grupo terrorista Brigadas Rojas, falleció el martes a los 82 años.

Cossiga estuvo hospitalizado desde la semana pasada con problemas cardíacos y respiratorios. Su estado de salud se había agravado "drásticamente" el lunes por la noche debido a problemas circulatorios, había dicho la clínica Gemelli.

Cossiga se declaró "políticamente muerto" en 1978 después que las Brigadas Rojas asesinaron a su mentor y amigo Aldo Moro, líder de los demócratas cristianos y ex primer ministro, dos meses después de secuestrarlo. Pero el veterano dirigente siguió manteniendo una actividad política vigorosa durante varios años, incluso como primer ministro y presidente de la república.

Como presidente a mediados de los 80, aprovechó el papel mayormente ceremonial de jefe de estado para censurar públicamente al parlamento y el aparato judicial en lo que algunos consideraron un esfuerzo por reformar el sistema cada vez más ineficiente de posguerra de sucesivos gobiernos de coalición.

A menudo acusado de atesorar secretos políticos, Cossiga a la larga admitió su participación en una red anticomunista conocida como Gladio.

En otro caso nunca resuelto, Cossiga era primer ministro en 1980 cuando un avión italiano estalló en vuelo y se estrelló cerca de la isla de Ustica. Entre las conjeturas que se tejieron en torno del incidente se atribuyó el hecho a una bomba colocada por terroristas italianos o a un proyectil errante estadounidense o francés supuestamente disparado contra un MiG libio sobre el Mediterráneo.

Durante su años como presidente en los que solía proferir críticas enérgicas -muchos dijeron descontroladas- fue calificado de "picconatore", o piquero, el que esgrime la pica, como símbolo de demoledor.

Profesor de derecho constitucional, Cossiga solía compararse con Don Quijote, y llevó al límite el cargo más bien ceremonial.

Cossiga nació el 26 de julio del 1928 en Cerdeña. Era primo de Enrico Berlinguer, el longevo líder del Partido Comunista Italiano.

Después de recibirse de abogado, ingresó en el partido democristiano y fue ascendiendo en sus filas. Entró en el parlamento en 1958 y fue nombrado subsecretario de defensa en 1966.

El momento decisivo de su carrera sobrevino una década después cuando fue designado ministro del Interior por el entonces primer ministro Moro. Como funcionario a cargo de las fuerzas policiales, encabezó la lucha contra el terrorismo de izquierda y de derecha que ensangrentaba el país.

En 1978 protagonizó uno de los momentos más dramáticos en la historia reciente de Italia cuando las Brigadas Rojas secuestraron a Moro. Durante 54 días, en los que a menudo durmió en su despacho, Cossiga dirigió los intensos pero infructuosos esfuerzos por detectar el paradero de los terroristas.

Cuando el cadáver de Moro acribillado a balazos apareció en el baúl de un automóvil en el centro de Roma, Cossiga renunció.

Después de un breve período como primer ministro entre 1979 y 1980, fue elegido por el parlamento como presidente de la república en 1985.

Le sobreviven su hija Anna Maria y su hijo Giuseppe, este último diputado por la coalición derechista del actual primer ministro Silvio Berlusconi.

Los diputados del PAN ofrecieron su pleno respaldo al presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, y señalaron que en su reunión plenaria que llevan a cabo en esta ciudad han acordado impulsar la Ley de Seguridad Nacional.

La coordinadora de los panistas, Josefina Vázquez Mota, dio cuenta a Felipe Calderón que en este primer día de trabajos preparatorios del próximo periodo legislativo, en materia de seguridad pública y justicia, impulsarán reformas en materia de combate al secuestro y a favor de los derechos de las víctimas de delitos.

Vázquez Mota dijo que como en periodos anteriores, los panistas en la Cámara de Diputados defenderán los proyectos que envíe el Ejecutivo.

Los panistas en su primer día de deliberaciones sobre la tarea que llevarán a cabo entre septiembre y diciembre, acordaron promover que se vote el nuevo reglamento para la Cámara de Diputados.

Impulsarán medidas para que haya rendición de cuentas del ejercicio del gasto público de los estados.

Promoverán la reforma laboral, la modernización de la bancada de desarrollo y de fomento a la pequeña y mediana industrias, así como el fortalecimiento del mercado agropecuario.

Los panistas de darán a la tarea de revisar los apoyos al campo y pugnarán por erradicar, desde la legislación, el paternalismo y el clientelismo en el sector rural.

La visión de fomento al desarrollo social incluye promover iniciativas a favor de los migrantes, indicó Vázquez Mota.

Este martes, los diputados del PAN tomarán acuerdos en materia de iniciativas de carácter económico que incluirán en su agenda legislativa para el periodo de septiembre a diciembre próximos.

Tanto el plenario como las comisiones ordinarias están trabajando a menos de media máquina por culpa  del Poder Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad exclusiva sobre la agenda legislativa, declaró en el plenario legislativo el diputado socialcristiano Luis Fishman.

Fishman hizo referencia a que el plenario del jueves y hoy lunes trabajó únicamente 2 horas y 5 minutos,  y 1 hora y 42 minutos, respectivamente,  cuando lo normal y reglamentario es 3 horas.

Además, hizo referencia a que en el día de hoy, la comisión de Agropecuarios sesionó por 27 minutos, Económicos, 12 minutos, Gobierno y Administración, 21 minutos y Hacendarios, 13 minutos, también por responsabilidad del Ejecutivo.

“Esa agenda no tiene objetivos claros, no tiene ninguna unidad política ni prioridades, de ahí que se den esos desperdicios del tiempo legislativo, agregó Fishman, quien señala que con esa falta de metas, el Gobierno pone en mal predicado al Poder Legislativo”.

En alusión a lo que fue el anuncio de metas hecho por la Presidenta Chinchilla la  noche de ayer, Fishman dijo que este viene siendo como el tercer programa de Gobierno que la señora Chinchilla le anuncia al país. “Primero fueron los planteamientos de campaña, luego vino la oferta del 8 de mayo, cuando asumió la Presidencia, y ahora aparece con un nuevo plan de gobierno. ¿Hacia dónde vamos?, cuáles son las verdaderas prioridades, planteó el parlamentario socialcristiano.

“Esto no puede continuar así”, concluyó Fishman, quien abogó porque se abran espacios de control político para que el parlamento pueda trabajar en los tiempos establecidos reglamentariamente, y se detenga ese desperdicio de tiempo.

·        Reforma carece de un plan serio de inversión y roza con los principios de racionalidad, proporcionalidad, propiedad privada  y realidad económica.

El diputado Luis Alberto Rojas Valerio, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, calificó como “voraz” la pretendida recaudación anual de más de 85 mil millones de colones a favor del gobierno central, por medio un impuesto a las sociedades inscritas o que se inscriban en el Registro Nacional. La posición del legislador es concordante con la de su fracción legislativa, la cual se opone al establecimiento de este impuesto.

Esta propuesta de aumento de los ingresos tributarios, es equivalente a un 64% del total de recursos anuales presupuestados para el Ministerio de Seguridad Pública y a un 100% de los sueldos y salarios de su personal durante el presente año 2010. El proyecto responde a un afán eminentemente recaudatorio, disfrazado de “emergencia nacional por el problema de inseguridad que enfrenta el país”, el cual va dirigido en su totalidad a la Caja Única del Estado.

El proyecto establece que el 95% del impuesto será destinado al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, con la finalidad de que sea invertido en programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia; y el 5% restante para la adecuada administración, gestión, fiscalización y recaudación del mismo.

No obstante, al ser este un destino específico creado por ley, el Gobierno Central no está obligado a girar los recursos, pues el principio de Caja Única del Estado y la jurisprudencia emanada por la misma Sala Constitucional, así lo establecen. La Sala Constitucional ha manifestado reiteradamente que al Gobierno no se le puede forzar a girar los recursos por ley establecidos mediante destinos específicos, cuando a su criterio, hayan otras necesidades tan importantes o más importantes por satisfacer.

Al respecto, la Sala Constitucional ha sido contundente al establecer en el voto 4884-2002 que “...por la misma naturaleza de la Ley de Presupuesto, la Sala no puede admitir que la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado beneficiario, haga a éste acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, esté automáticamente obligado a presupuestar y desembolsar el monto destinado; que la autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente.”

“Lo que este Gobierno pretende, es engañar una vez más de los contribuyentes, pues hasta ahora no existe un plan “serio” de inversión para la seguridad ciudadana y el combate de la delincuencia; pero aún cuando éste se presente, no hay seguridad de que los recursos se giren al destino definido por ley, como ha sucedido con el impuesto al ruedo, los recursos correspondientes al FODESAF, los recursos de nuestras Municipalidades, entre muchos otros ejemplos”, afirmó el legislador.

Adicionalmente, el Diputado Rojas advirtió sobre los problemas serios de racionalidad que este impuesto tiene, pues no todas las personas jurídicas son generadoras de ingresos que sean susceptibles del pago de un impuesto de esta naturaleza. También se vulnera el principio de proporcionalidad, pues aquellas personas jurídicas generadoras de rentas gravables, pagan la misma cantidad independientemente de su nivel de ingresos. Igualmente se afecta el principio de no confiscatoriedad, pues estas personas jurídicas ya pagan impuesto sobre la renta, ventas, ruedo, municipales, bienes inmuebles, combustibles y selectivos de consumo, entre muchos otros.

Finalmente el Gobierno de la República, al proponer este proyecto, en forma conveniente a sus intereses recaudatorios y su voracidad fiscal, ignora a voluntad el principio de realidad económica, pues muchas de estas figuras jurídico-mercantiles son estrictamente administradoras y tenedoras de bienes, cuyo balance de situación financiera se vería seriamente afectado en un momento en el cual, las empresas públicas y privadas y economía en general, luchan por su reactivación tras un muy severo período de crisis económica global.