El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, señaló que la crisis en Honduras no puede prolongarse más, por lo que instó a los delegados del gobierno de facto y del derrocado presidente, Manuel Zelaya, a buscar un consenso para restablecer a este último en el cargo.

Durante la instalación de la mesa de diálogo entre ambas partes, Inzulza insistió en que la negociación deberá tener como punto de partida el "Acuerdo de San José", establecido por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

Asimismo, anunció que se tocarán cinco puntos claves para restablecer la democracia en el país centroamericano, luego del golpe de Estado que encabezó Roberto Micheletti el pasado 28 de junio.

Según el secretario general de la OEA, los puntos del diálogo están vinculados con el restablecimiento en el cargo de Zelaya, la formación de un gobierno de unidad nacional, la no convocatoria de un gobierno constituyente, amnistía política para todos los involucrados en el golpe de Estado y la supervisión de la comunidad internacional del eventual pacto que logren.

"No estamos aquí para crear un debate, estamos para encontrar soluciones concretas a una situación que no puede prolongarse", dijo Insulza.

E instó a los negociadores a buscar un consenso para restablecer en el cargo al presidente constitucional, para que complete su periodo de cuatro años, el 27 de enero, y entregar el mando al vencedor de las elecciones generales del 29 de noviembre próximo.

Además, exhortó a Zelaya a garantizar que no propondrá nuevas iniciativas tendientes a reformar la Constitución hondureña de 1982, intenciones que llevaron a los militares hondureños al golpe de Estado.

Y pidió a ambos grupos formar un gobierno de unidad nacional, ''porque la emergencia requiere del concurso de todos, y nada mejor para sanar las heridas que devolver la confianza para trabajar en conjunto por el bien del país''.

Por su parte, Manuel Zelaya solicitó ''aclarar'' lo que a su juicio es una ''actitud suave y complaciente de los delegados de la OEA con el régimen de facto, sometiéndose a la agenda que ha establecido Micheletti, sin tomar en cuenta la opinión del presidente legítimo que reconoce la OEA y ONU: José Manuel Zelaya''.

En un comunicado, advirtió que ''de no restituir al Presidente antes del 15 de octubre, se debe correr el calendario electoral conforme al periodo de tiempo que marca la ley de tres meses de campaña, como garantía para la igualdad de competencia y la participación ciudadana''.

Entre los participantes en el diálogo para encontrar una solución a la crisis en Honduras, el gobierno de facto envió a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; Arturo Corrales, excandidato presidencial del opositor Partido Demócrata Cristiano, y el abogado Armando Aguilar.

De su lado, Zelaya – refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre– designó como sus representes al líder sindical Juan Barahona, así como a sus ministros Víctor Meza, de Gobernación, y Mayra Mejía, de Trabajo.

En tanto, la comitiva de la OEA incluye a cancilleres de diez países del continente, además del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon.

El encargado de conducir la ceremonia, el canciller del gobierno golpista, Carlos López Contreras, dijo que la OEA debía obtener un compromiso irrevocable de Zelaya para que éste llame a sus simpatizantes a que cesen toda actividad violenta contra personas, propiedades y el orden público, y conminarlos a la calma.

En respuesta Víctor Meza, delegado enviado por Zelaya, señaló que lo importante es no abandonar el "espíritu del Acuerdo de San José", que establece la restitución del mandatario derrocado.

Y, mientras, la Policía Nacional dispersó una manifestación de simpatizantes de Zelaya, que marchaba de la Embajada de Estados Unidos a la de Guatemala.

Wilfredo Feo Krischke, secretario de profesionales y técnicos de COPEI, Partido Popular, Carabobo, anunció este miércoles que iniciará acciones para solicitar al gobierno nacional “que permita el ingreso al país de una comisión de la Corte Interamericana de los derechos humanos con el fin de que puedan constatar de primera mano, la situación de los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran privados de libertad en Venezuela”, a propósito del reciente informe que la misma corte emitió y en el cual calificaron a las cárceles venezolana como “las más violentas del hemisferio”.

Feo Krischke afirmó, “Ha llegado la hora en la que el gobierno nacional debe poner atención y dar respuesta a la grave situación del sistema penitenciario venezolano. Estamos haciendo las gestiones correspondientes para que una comisión de la CIDH pueda venir al país y sea posible iniciar una rectificación en esta materia. Esto porque ya han sido agotadas las vías a nivel nacional, tanto en la Defensoría del pueblo como en la Fiscalía General de la República, sin que haya sido posible encontrar soluciones efectivas por parte de estos organismos”.

El dirigente copeyano hizo un llamado a la población a tomar conciencia y colaborar con acciones a favor de un problema que afecta a toda la sociedad. “La grave situación que viven los ciudadanos privados de libertad en nuestro país no es un hecho aislado y nos afecta a todos por igual. El drama de las cárceles venezolanas repercute de forma directa en los altos niveles de inseguridad que se registran en las principales ciudades de Venezuela”.

Cifras del terror

Wilfredo Feo explicó que el gobierno nacional tiene pleno conocimiento del círculo vicioso que significa para los privados de libertad poder salir de lo que consideró un “infierno”. “Nuestro sistema penitenciario carece de un tratamiento basado en el estudio y el trabajo que pueda ser dirigido al 100 por ciento de la población penal. La clasificación de los reclusos no existe, y en la actualidad sólo el 1 por ciento de los reclusos participa en los planes educativos aplicados en los centros penitenciarios. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las misiones, orquesta sinfónica penitenciaria, Universidad Nacional Abierta y los talleres aplicados por el INCE, son planes que están diseñados para la ciudadanía en general y no para quienes pagan una condena”.

“En reciente reunión celebrada entre la ONG penitenciaria Buscadores de Libertad, con la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, se pudo conocer que la cifra de reincidencia de los reos, alcanza el 70 %, lo que demuestra claramente la falta de tratamiento para la reinserción efectiva y digna a la sociedad”, destacó.

“De nada sirve que el gobierno nacional realice grandes inversiones en la puesta en marcha de la Policía Nacional, mientras no se prepare a los ciudadanos que infringen la ley para su desenvolvimiento en la sociedad cuando cumplan sus condenas, concluyó

Juan José Ojeda Díaz.- Prensa de Solidaridad

No se descarta invitar a la comisión al abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera.

Funcionamiento de mercado de valores presentaría graves problemas: uso de información privilegiada; fracasos de normas de autorregulación; incumplimiento del deber de abstención, entre otros hechos denunciados hoy por los diputados Burgos, Montes y Tarud.-

Los diputados de la Concertación Jorge Burgos (DC), Carlos Montes (PS) y Jorge Tarud (PPD) anunciaron hoy la presentación de una petición para constituir una Comisión Investigadora dedicada a “investigar la situación del mercado de Valores y Seguros en el país y sus operadores; el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros y proponer medidas correctoras, en beneficio de la probidad y transparencia”

Lo anterior, según explicaron los diputados, debido a “los problemas que hemos detectado en el mercado de valores en el país, lo que es grave, y más aún, si consideramos el rol que debe cumplir al respecto la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Al respecto, el diputado Burgos explicó que “los recientes casos de uso de información privilegiada, incumplimiento del deber de abstención, falencias o cesaciones de pago de corredoras de bolsa, fracasos de normas de autorregulación, dan cuenta de un cuadro preocupante que no puede pasar inadvertido para esta Cámara Fiscalizadora”.

Citando el caso incluido, hace sólo unos días,  por el Informe de Transparencia Internacional, en relación a la compra de acciones en Lan, explicó que “este sólo hecho es un dato bastante claro de que nuestro mercado de valores está funcionando mal, y como la transparencia y la probidad son obligaciones no sólo en lo público, sino en lo privado, es una obligación revisar el rol fiscalizador preventivo de la Superintendencia a la hora de que estos mercados no funcionen opacamente, o sea, con información privilegiada”.

El diputado Carlos Montes, en tanto, señaló que “este es un problema grave en el mercado accionario, es la punta del iceberg; aquí hay que elevar las sanciones por los delitos que hemos conocido; en otros países se paga con cárcel, no sólo con multas; por eso, esperamos investigar y contribuir a fortalecer este mercado, especialmente ahora que pretendemos ingresar a la OCDE”.

Por otra parte, el diputado Jorge Tarud , junto con detallar las razones que motivaron esta petición, formuló un llamado al abanderado de la Alianza para apoyar esta comisión. “Quiero que la ciudadanía se de cuenta de cual va a ser el comportamiento de los parlamentarios de la Alianza. Si ellos están en pos de la transparencia, y, si Sebastián Piñera está por ello, debería instruirle a sus parlamentarios que voten a favor de esta comisión investigadora, ese es el emplazamiento que le hago a Sebastián Piñera".

El presidente nacional de la Democracia Cristiana, diputado Juan Carlos Latorre, “lamenta la triste práctica de algunas personas que dejaron de pertenecer al partido anteponiendo, sin dudar, sus intereses personales y el seguimiento de una aventura política hoy fracasada” de usar figuras DC en sus campañas parlamentarias.

Latorre agregó que estas personas “habiéndose caracterizado desde ese momento por la denostación permanente al gobierno de la Concertación y al propio partido, hoy no trepidan en usar a figuras históricas de la Democracia Cristiana, para conseguir votos mediante el recurso de confundir a la opinión pública, afectando con ello el deber de información certera que demanda hasta el más precario de los sistemas democráticos”.

Finalmente, Latorre manifestó que “entendemos esta acción de dichas personas como un acto desesperado ante la clara posibilidad de perder el escaño parlamentario que ostentan”.

Durante su participación en la jornada “Despejando la Cordillera”, donde el equipo programático Océanos Azules dio inicio a la etapa en que comenzarán a elaborar los proyectos a implementar en los 90 primeros días del gobierno, el candidato presidencial de la Concertación, Senador Eduardo Frei, salió al paso de las últimas críticas de la derecha, acusando a su contrincante de la oposición de “ponerse nervioso” cuando se habla con la verdad.

“En los últimos días, como es y como ha sido siempre en las campañas presidenciales, algunos se ponen muy nerviosos, porque no les gusta cuando uno habla con la verdad y dice las cosas por su nombre”, sentenció el Senador DC, emplazando al mismo tiempo a Piñera a pronunciarse sobre los temas que preocupan a los chilenos.

“Yo le pregunto a la candidatura de derecha, a nombre de muchos chilenos, que más que todo el griterío que hay, se definan frente a los problemas concretos y contesten estas preguntitas: ¿van a votar o no la reforma laboral, píldora del día después en los consultorios, terminar con la discriminación y la exclusión de millones de chilenos de los pueblos originarios, una Constitución de verdad para el Chile del Bicentenario que se haga cargo de la realidad del Chile de hoy y del Chile que queremos construir y no de los miedos del pasado. Esa es la realidad que queremos saber, eso es lo que queremos que respondan en esta campaña”, detalló el abanderado.

En la misma línea también llamó a Piñera y sus colaboradores a definirse “si ¿están dispuestos o no a que haya un Estado para proteger a los ciudadanos, a los consumidores del abuso que muchas veces se comete en las farmacias y en tantos otros? ¿Queremos saber si están dispuestos o no, en un tema crucial para Chile como es la televisión digital, si la van a entregar al mercado para que se aumente la concentración de los medios de comunicación o están dispuestos a hacer una ley que realmente lleve la televisión digital a todas las regiones y se democraticen verdaderamente la comunicaciones en Chile?”.

Frei Ruiz-Tagle también aseguró estar confiado y con optimismo de cara a las elecciones de diciembre, y junto con anunciar que “vamos a seguir preguntando, sobre estos temas a ver si contestan”, también dijo estar preparado para enfrentar los ataques de la derecha que se vendrán en los próximos días.

En la ocasión y con humor también se refirió al cuarto lugar que -por sorteo- ocupará en la papeleta de votación el próximo 13 de diciembre.

“Nos tocó el cuatro”, recordó el candidato, que al mostrar 4 dedos de su mano contó: “Un, dos tres, Frei”. ¿Qué más? Preguntó a los asistentes. “Los últimos serán los primeros”, “de atrás pica el indio”, lo que quieran, igual vamos a ganar, comentó el abanderado provocando las risas y los aplausos de los presentes.

La jornada de Océanos Azules, que estuvo dirigida por Pablo Ruiz-Tagle, Guillermo Pickering y Juan Pablo Hermosilla, entre otros, tuvo por objetivo concluir la primera etapa de trabajo en el cual se redactaron las propuestas programáticas del futuro gobierno de Frei y dar inicio a una nueva fase, donde se planteó la necesidad de abrir el debate hacia los temas que le interesan a los ciudadanos 

La condena judicial del lunes arrebató al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier la autoridad moral para pedir votos a favor de su candidatura presidencial, pero no para dirigir su Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Al menos esa fue la conclusión a la que llegó anoche el Comité Ejecutivo del PUSC, durante una reunión en la que analizaron el futuro de la candidatura presidencial.

El presidente del partido y candidato a diputado, Luis Fishman, aseguró ayer que Calderón tendrá un papel “muy activo” en la campaña presidencial que comienza hoy de manera oficial, con miras a los comicios de febrero próximo.

“Es un activo esencial. Él y doña Gloria (Bejarano, su esposa y candidata a diputada) trabajarán fuerte en estos cuatro meses”, contestó anoche el dirigente.

Calderón, quien el 26 de junio anunció su candidatura inspirado en “la necesidad de volver a levantar el movimiento socialcristiano”, desistió este lunes de la postulación al ser condenado y ahora intentará encauzar votos a favor de un candidato presidencial que en este momento nadie conoce.

Serán los miembros de la Asamblea Nacional del partido quienes nombren este domingo al sustituto del expresidente condenado a cinco años de cárcel por peculado, al recibir comisiones ilegales en un negocio entre la Caja Costarricense de Seguro Social y un consorcio finlandés.

El peso de Calderón en el partido es tal que su criterio será definitivo al designar el nuevo candidato presidencial, admitió Fishman.

“Él tiene un peso enorme. Tiene un liderazgo fortísimo”, dijo Fishman, quien descartó conocer nombres de posibles aspirantes.

Sí descartó uno de los rumores que circulan desde que se conoció la sentencia condenatoria: el que señalaba la posibilidad de que el PUSC desistiera de nombrar una fórmula presidencial.

El actual diputado socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez, consultado sobre una eventual aspiración presidencial suya, dijo que no lo ha pensado y que esa será una decisión exclusiva de los asambleístas.

Fishman manifestó ayer su optimismo al señalar el objetivo de la agrupación: “Vamos a tratar de ganar las elecciones y a eso vamos. Pelearemos a muerte. Somos los únicos realmente preparados”.

La última encuesta de Unimer para La Nación atribuyó a Calderón un 6% de los posibles votos válidos, detrás de Laura Chinchilla (PLN), Ottón Solís (PAC) y Otto Guevara (Libertario).

Esta encuesta también reveló que para 63 de cada 100 electores “es clave” quién sea el candidato a la hora de tomar la decisión de ir a votar, un dato que ahora parece resultar ineludible para las autoridades socialcristianas.

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez manifestó ayer su “dolor, cariño y solidaridad” hacia su homólogo Rafael Ángel Calderón Fournier, por la condena a cinco años de de cárcel que recibió este lunes.

Rodríguez, también enfrentado a un proceso judicial por cargos de corrupción, publicó un comunicado de prensa en que dejó clara la relación de amistad que los une.

Para el economista que gobernó el país entre el 2002 y el 2006, el proceso judicial está aún abierto. “Como es público y notorio, quedan aún otras instancias en el largo y tortuoso proceso de lograr que se haga justicia”, dice el comunicado.

Calderón y sus defensores aseguran que apelarán ante la Sala Tercera el fallo leído el lunes y anunciaron su disposición a llevarlo incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

“Debemos respetar el principio de inocencia de que gozan todos los costarricenses y que se mantiene mientras no se haya dictado una sentencia firme”, dijo Rodríguez.