Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordaron convocar para mañana a los miembros de la comisión presidencial que evaluó la reforma a la Ley Penal Juvenil, en la que se incrementó la pena máxima de siete a 15 años de internamiento.

Los legisladores buscan reevaluar, desde la perspectiva de la comisión presidencial, los argumentos que tuvo el Presidente de la República, Mauricio Funes, para vetar el decreto legislativo aprobado el 11 de febrero pasado.

La Comisión de Legislación llamará al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos; al director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez y la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Santos de Escobar.

En la misma reunión se citará a los técnicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y al Secretario de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial (CAPRES), Dionisio Machuca.

A pesar de que en la plenaria, todos los grupos parlamentarios respaldaron el incremento a la pena para los menores que comentan delitos de “gran conmoción social”, ahora éstos mismos grupos políticos aún no deciden si dar su aval para superar el veto con mayoría calificada (56 votos).

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) es de la idea que a estos menores infractores se les imponga una pena acumulativa y sucesiva para el imputado que durante el internamiento cometiere otro delito o reincidiere en el mismo por el que está cumpliendo el internamiento.

Además, los diputados del PDC solicitan que la ley sea reformada para incluir que la persona sea trasladada a un centro de reclusión para adultos en cuanto cumpla la mayoría de edad, mientras dure su internamiento.

El Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien promovió el incremento de las penas, ahora pide que se agregue un inciso al final del artículo 14 de la mencionada ley para que se definan las circunstancias por las que se puede ordenar el internamiento para el menor.

Los pecenistas sostienen que se debe detallar que los menores serán internados bajo este régimen cuando se haya fugado de las justicia, si el delito atribuido ha causado conmoción social o si el adolescente ha sido responsable de más de un homicidio.

ARENA valora importante que el pleno tome posición clara en este tema, porque la delincuencia sigue utilizando a menores de edad para cometer atroces delitos, aprovechando que las penas para ellos son menos duras.

En este sentido, el legislador tricolor, Roberto d’Aubuisson, dijo que la Asamblea debe definir la posición que tendrá frente al veto antes de la próxima plenaria porque “hay grandes injusticias a la hora de juzgar a los menores homicidas”.

La próxima reunión de la Comisión de Legislación será mañana por la mañana, donde escucharán a los funcionarios y donde todos los grupos parlamentarios se han comprometido a traer propuestas claras y por escrito de la posición que se debe asumir frente al veto del presidente Funes.