La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, debe velar por el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, en vez de mostrarse como una activista del gobierno. “Las  recientes declaraciones de la señora Ramírez donde señala que existe una campaña de asedio al Estado venezolano demuestran que en vez de propiciar que el organismo venga a Venezuela a constatar la realidad,  el organismo que representa se dedica a defender a ultranza al gobierno”, señala Wilfredo Feo Krischke, Secretario de Profesionales y Técnicos de COPEI, Carabobo.

“El informe de la CIDH - agrega Feo Krischke-  es claro al señalar la necesidad de revisar a fondo lo que está sucediendo en nuestro país en materia de Derechos Humanos. Si el gobierno no tuviese nada que temer, quedaría muy bien en aceptar que representantes del organismo vengan y hagan las investigaciones a que de lugar. El objeto esencial de la Defensoría del Pueblo es la tutela de los Derechos Humanos y el control de la administración estatal .En Venezuela durante los diez años que lleva funcionado la Defensoría del Pueblo hemos visto como se ha desviado y tergiversado la función esencial de este órgano. Gabriela Ramírez, lamentablemente se ha convertido en la defensora a ultranza del gobierno, llegando al extremo de tratar de ocultar o quitarle méritos a las denuncias”. 

“La Defensora del Pueblo debe explicar el motivo por el cual no se ha pronunciado de forma tan contundente ante la ausencia total de una política estructural en materia de seguridad, lo cual ha generado más de 160 mil muertes durante estos 11 años de gobierno. ¿Por qué no  ha exigido el cumplimiento del artículo 272 de la Constitución y por ende  la transformación del sistema penitenciario para que esté basado en el trabajo y el estudio que garantice la rehabilitación y reinserción social de los reclusos. Sin olvidar la gran represión que ha desatado sobre los medios de comunicación y en contra de la libertad de pensamiento. De estos temas es que debe ocuparse y no actuar como  activista ”.

Por último, Feo Kischke señaló que ante estos hechos cobra mayor importancia  la cita  electoral del próximo 26 de septiembre.” Una Asamblea Nacional con mayoría de la alternativa democrática permitirá  llevar a la Defensoría del Pueblo a una persona con competencia manifiesta y demostrada en Derechos Humanos”.